Puerto Libertador. En un reciente mapa publicado por la fundación Paz y Reconciliación, se delimitaron 32 posibles zonas de concentración que tendría la guerrilla de las Farc una vez se firme el Acuerdo Final de Paz y se haga el tránsito de las armas a la vida civil.
En el informe no figura Puerto Libertador pese a que en marzo pasado el vocero de las Farc y negociador en la Habana Jesús Santrich indicó este que municipio del alto San Jorge junto a Tierralta, haría parte de las 125 poblaciones del país que servirán como zona de concentración de ese grupo armado ilegal, en el marco del proceso de paz que adelanta con el Gobierno Nacional.
Puerto Libertador se había barajado como opción para concentrar una parte del Bloque Iván Ríos. Para el docente investigador de la Universidad del Norte Luis Fernando Trejos Rosero, este municipio cordobés no se encuentra en el mapa porque dicho bloque, que opera al sur de Córdoba por las cercanías al Nudo de Paramillo, tiene su principal incidencia en Antioquia.
“En el sur de Córdoba no hay garantías de seguridad para los insurgentes que dejen las armas por la fuerte presencia de Bandas Criminales”, sostiene Trejos Rosero.
Tres municipios de la costa
Los municipios de Fonseca, La Guajira; Becerril, Cesar; y San Pablo, Bolívar, serían los lugares que podrían acoger a las Farc en la costa una vez se inicie su proceso de desmovilización.
De acuerdo con Ariel Ávila, subdirector de Paz y Reconciliación, para llegar a delimitar estas 32 zonas se tomó como referencia “las zonas campamentarias más importantes de las Farc, los lugares dónde se mueven sus mandos actualmente, las zonas donde está su base social y las zonas donde ellos tendrían más cercanía con sus diferentes estructuras para concentrarlas”.
Ávila destaca que aunque no es una cifra oficial, “el Gobierno planteaba 7 ya va en 14. Las Farc dijeron que querían como 80 y ahora van en 64. El total va a terminar siendo o por encima de 30 o por debajo de 30, esa es la media”.
Estas zonas serían puntos de ubicación transitorios, con una duración entre seis y siete meses, no abarcarían todo el municipio sino unos corregimientos o zonas veredales. “No serían ‘caguancitos’ porque esa era una zona (como Ralito) para comenzar una negociación, no para terminarla”, señala Ávila, quien además resalta que se contará con una verificación internacional y se mantendrá la institucionalidad porque no habrá despeje.
