El diagnóstico de dos de las entidades más respetadas en materia de DD.HH., la Defensoría del Pueblo y Human Right Watch, le pone el dedo en la llaga a una de las peores herencias que recibe el nuevo gobierno de Colombia: un orden público desbaratado y sangrante.
La Defensoría expuso un informe que retrata los principales problemas de DD.HH. que persisten en el país: violencia, desigualdad, crisis ambiental, brechas rurales y amenazas contra libertades democráticas.
Se trata de la Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir, un documento elaborado por la entidad bajo la dirección de Iris Marín, y que ya fue entregado al presidente Abelardo De la Espriella.
El informe busca convertirse en un insumo para las decisiones que deberá tomar el nuevo Gobierno y el Congreso.
Las masacres no paran
Entre 2019 y el 18 de julio de 2026, el país registró 651 masacres que dejaron un acumulado de 2.380 víctimas.
Esta persistencia evidencia un escenario crítico en los territorios, donde la letalidad de los grupos armados mantiene un impacto directo sobre la población civil.
El pico más alto de víctimas ocurrió en el 2020, con 378 muertes derivadas de 91 casos, mientras que 2021 concentró la mayor cantidad de eventos (96 masacres).
Si bien entre 2024 y 2025 las cifras mostraron un ligero descenso frente a años anteriores, el panorama de 2026 genera alerta: en poco más de un semestre (con corte al 18 de julio) ya se habían documentado 71 masacres con 282 víctimas, una cifra de letalidad que supera de manera prematura los totales registrados durante todo el 2024 (267 víctimas) y el 2025 (256 víctimas).
