El pasado 4 de enero el presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó la Ley 1822 de 2017 que modifica el Código Sustantivo del Trabajo y aumenta de 14 a 18 las semanas de la licencia de maternidad, para promover la adecuada atención y cuidado de la primera infancia.
Sin embargo, aunque la medida causa satisfacción por la ampliación del tiempo que tendrán las mujeres para estar con su recién nacido, también hay preocupación por una posible discriminación laboral, pues las empresas podrían preferir la contratación de hombres para evitar la ausencia prolongada de una de sus trabajadoras por embarazo.
Según el presidente de la Federación Colombiana de Comerciantes (Fenalco), Guillermo Botero, va a existir una marcada preferencia de contratar hombres y no mujeres por las consecuencias que trae el incremento de las licencias de maternidad, además indicó que puede ser posible que cuando la persona quiera volver de su licencia ya no tenga las protecciones del Código Laboral y sea despedida.
“Cuando una empresa contrata a una mujer en estado de fertilidad y cuando queda en embarazo se debe prescindir de ella por 18 semanas, además de la restricción horaria para el tiempo adicional de lactancia, se convierte en un inconveniente”, indicó Botero.
En ese sentido, el presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Jaime Arias, señaló que el costo de la licencia de maternidad podría afectar las finanzas de las EPS, pues dice que ese beneficio el año pasado sumó $400.000 millones.
Además, precisó que con la ampliación de 14 a 18 semanas este año se necesitarán otros $100.000 millones, es decir, que ese beneficio pasaría a costar alrededor de $500.000 millones al gasto de un sector (el de la salud) que financieramente se encuentra hoy en crisis.
Aunque la norma es contundente al señalar que “ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivo de embarazo o lactancia, sin la autorización previa del Ministerio de Trabajo que avale una justa causa”, la preocupación es latente.
