Así concluyó al mediodía de este martes la sesión del Comité de Moralización de este Departamento, en la Cámara de Comercio de Montería.
Sin incluir las cifras de las entidades que brillaron por su ausencia las EPS que operan en Córdoba le deben a los hospitales y Empresas Sociales del Estado (ESE), una suma cercana a los $ 250 mil millones.
La mayor deuda la sostienen las EPS con el hospital San Jerónimo de Montería, cuyo gerente (e), Juan Carlos Cervantes, reveló que la cifra es de $ 109 mil millones. La mayor cartera por cobrar es con la EPS Endisalud, que debe $ 28 mil millones y le siguen Comfacor, $ 10 mil millones; Comparta, $ 3 mil millones; y Saludvida, $ 12 mil millones.
Entre los pasivos pendientes, más elevados, de las EPS con el sector salud de Córdoba, está el que sostienen con el hospital Sandiego, de Cereté, por $ 17 mil millones, $ 2.700 millones al hospital San Rafael, de Chinú; $ 7 mil millones con la ESE Camu El Prado, de Cereté; $ 48 mil millones con la ESE Vida Sinú, de Montería; $ 1.688 millones con la ESE del municipio de Cotorra; $ 8.200 millones con la ESE Camu Santa Teresita de Lorica; $ 28 mil millones con el hospital San Vicente de ese mismo municipio; $ 792 millones con la ESE de Momil; $ 9.559 millones con el hospital de Montelíbano; y $ 1.200 millones con la ESE del municipio de Moñitos.
El contralor de Córdoba, Emilio Otero Dajub, dijo que a partir del diagnóstico que entregaron los mismos gerentes de las entidades, se harán los traslados correspondientes tanto a la Procuraduría como a la Fiscalía, para que el tema no muera en la simple denuncia, sino que se recuperen los dineros.
“Esta ha sido una preocupación de todos los organismos de control del Departamento y por eso surgió la idea de hacer este seguimiento y confrontaciones. La única forma de actuar como organismos de control es hacer esta clase de denuncias, que han hecho los mismos gerentes de entidades, esto es de suprema ayuda para la salud de Córdoba”, indicó el contralor.
Otero critico que el tema no haya sido de la preocupación de la Superintendencia de Salud que en su juicio “no tiene oídos para escuchar a los gerentes de las entidades de salud del Departamento”.
A la reunión no asistieron los gerentes de las EPS, que según la Comisión de Moralización, fueron invitados con antelación, debido a que se trata de un tema direccionado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.
