Reporte no demuestra relación entre afectaciones de salud y la mina: Cerro Matoso
Los hallazgos de los expertos precisan que las enfermedades detectadas en las comunidades del Alto San Jorge corresponden al mismo perfil epidemiológico que presentan comunidades similares en la costa Caribe de Colombia.
Montelíbano. La compañía niquelera señala que el estudio realizado por el Instituto de Medicina Legal a habitantes de poblaciones aledañas a la mina no es concluyente ni establece relación directa entre las afectaciones que padecen y la actividad minera que realizan.
El estudio pericial fue solicitado por Cerro Matoso a la Corte Constitucional y realizado por el Instituto de Medicina Legal, a 1.147 personas de las ocho comunidades del área del Alto San Jorge.
El presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria, precisa que, “el documento no es definitivo ya que aún falta esperar la respuesta del cuestionario solicitado por Cerro Matoso que Medicina Legal debe entregar a la Corte Constitucional en los próximos dos meses. Además, hay que aclarar que el reporte de Medicina Legal es solo una de las múltiples pruebas de carácter técnico y científico que reposan en el expediente y que la Corte debe valorar para emitir la sentencia.”
Los hallazgos del informe presentado a la Corte Constitucional concluyen que las causas de las diferentes afecciones de salud de las comunidades son indeterminadas porque hay varios factores que podrían estar incidiendo en el desarrollo de las patologías.
Este reporte confirma que, en general, los hallazgos son concordantes con lo que se evidencia en los perfiles epidemiológicos de la región donde hay una alta carga de las enfermedades transmisibles principalmente de tipo respiratorio, seguidas por las enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, similares a las que existen en la región Caribe.
Estas afirmaciones son corroboradas por el Ministerio de Salud que en respuesta a la Corte Constitucional manifiesta que en el reporte de Medicina Legal se identificaron otros factores de riesgo entre los que se destacan saneamiento básico en términos de agua potable y alcantarillado, aspectos demográficos, pobreza, acceso a los servicios de salud, vivienda, servicios básicos, así como hábitos y estilos de vida.
El Instituto de Medicina Legal informa en su estudio que las pruebas que valorarían los niveles de níquel tanto en orina como en sangre no son confiables debido a que se alteró la confiabilidad por factores externos por lo que será necesario realizar nuevas pruebas.
“Se evidenció que el número de personas que refieren antecedentes de enfermedades conocidas previamente no es alto, con la mayor carga de la enfermedad referida para las enfermedades transmitidas por vectores. Este hallazgo puede ser explicado por lo evaluado a nivel ambiental en las comunidades como el almacenamiento del agua en tanques, la presencia de canales de aguas negras, entre otros factores ambientales, que pueden favorecer la proliferación de vectores”, precisa el documento entregado a la Corte Constitucional.
Esta conclusión coincide con los diferentes estudios que ha ejecutado Cerro Matoso y que han sido entregados a la Corte Constitucional desde el 2014. “Los resultados del estudio concuerdan con los estudios adelantados anteriormente por la compañía, estableciendo que las causas de las enfermedades que aquejan a las comunidades tienen diferentes orígenes y no existe causalidad con la operación de la mina”, aseguró el presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria.
El estudio recomienda profundizar en valoraciones de tipo ambiental. Cerro Matoso recordó que al suscribir el otrosí al Contrato 051 se pactó realizar un Estudio de Salud Ambiental, pagado por la compañía, liderado por el Ministerio de Salud y con participación de la Organización Panamericana de la Salud de las Naciones Unidas, para establecer los determinantes que pueden estar afectando la salud de las comunidades en la zona. Este estudio no ha avanzado debido a objeciones planteadas por los asesores legales de las comunidades. Cerro Matoso continuará trabajando con las comunidades y el gobierno para avanzar en este estudio adicional.



