Montería. El director de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, José Fernando Tirado, y algunos funcionarios de la Gobernación de Córdoba, serán investigado por la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en la adjudicación de al menos cuatro contratos de reforestación por más de 14.700 millones de pesos.
El ente de control abrió indagación preliminar, por contratos adjudicados para ejecutar en los municipios de Canalete y en el alto Sinú, donde al parecer no se sembró ni una semilla y se pagó hasta el 50% del anticipo.
También se investigan posibles irregularidades en las licitaciones convocadas por la Gobernación de Córdoba para ejecutar labores de reforestación en los municipios de Montelíbano por 1.865 millones de pesos y en Tierralta por 9.195 millones de pesos.
Entre otras pruebas el Ministerio Público revisará los estudios previos y de factibilidad que habrían sustentado las convocatorias de las licitaciones, los criterios de selección del contratista, así como los informes de supervisión de los mismos.
Hay que indicar que la Veeduría de Córdoba había denunciado el denominado cartel de la reforestación en Córdoba. Su vocero, Daniel Díaz, señaló que esa era la nueva forma de timar los recursos de Córdoba, pues son contratos difíciles de vigilar.
Las autoridades investigan algunos hechos que llaman la atención. El primero de ellos es que el ingeniero chinuano Julio Javier Paolmino Castillo ha sido el beneficiario, durante años, de por lo menos 14 mil millones de pesos en contratos para reforestar algunas zonas en Córdoba, otorgados por la Corporación Autónoma Regional, CVS, y la misma Gobernación, inclusive, en el periodo de la encargada gobernadora, Sandra Devia.
Se estableció además que a través de drones se descubrió que no hay árboles sembrados o son escasos en los sitios objetos de los contratos, los cuales hablan de cerca de mil hectáreas, pero en la actualidad no hay ni 10 reforestadas.
