PDET en riesgo: la sombra de la corrupción amenaza la construcción de paz
Un reciente informe advierte que la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) enfrenta altos riesgos de corrupción debido a deficiencias institucionales, falta de transparencia y uso político de los recursos, lo que amenaza con frenar los avances en los territorios más golpeados por el conflicto armado.
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), creados en 2017 como parte de la reforma rural integral derivada del Acuerdo de Paz, fueron diseñados para transformar 170 municipios priorizados por su histórico impacto del conflicto armado. Sin embargo, su implementación, a cargo de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), enfrenta serias alertas por riesgos de corrupción que comprometen la sostenibilidad de la paz en estas regiones.
De acuerdo con el mapa de riesgos presentado por Transparencia por Colombia y la Corporación Región, la corrupción podría abrirse paso en los PDET a través de cuatro ámbitos críticos: visibilidad, institucionalidad, gobernanza y pesos y contrapesos. Entre los hallazgos más preocupantes se destacan la alta discrecionalidad en la toma de decisiones sobre presupuestos y contratos, la débil rendición de cuentas, las trabas al acceso a la información y el uso político-electoral de los recursos.
El informe clasifica un 40% de los riesgos en nivel muy alto, un 45% en nivel alto y solo un 15% en nivel medio, lo que refleja un panorama delicado. Problemas como la falta de trazabilidad en el manejo de los fondos, la descoordinación entre entidades responsables y las limitaciones para la participación ciudadana acentúan la desconfianza en la implementación de los PDET.
La continuidad del conflicto armado en varias regiones y la debilidad de los organismos de control a nivel local aumentan las posibilidades de que los recursos destinados a la transformación territorial sean mal utilizados o desviados. Ante este escenario, las organizaciones civiles proponen medidas urgentes como integrar de manera vinculante a la ciudadanía en la toma de decisiones, fortalecer la transparencia activa y consolidar un sistema único de trazabilidad para la financiación y contratación pública.
En conclusión, el futuro de los PDET no solo depende de la inversión estatal, sino también de la capacidad del país para blindar estos procesos contra la corrupción, garantizando que los recursos lleguen a quienes más los necesitan y que la paz se construya con bases sólidas de confianza y transparencia.
