Este sería el primer decreto de Paloma Valencia de ganar las elecciones: tiene que ver con la ‘Paz Total’
La senadora y aspirante a la Presidencia, Paloma Valencia, dio a conocer un documento preliminar que, según afirmó, sería su primer acto administrativo en caso de llegar a la Casa de Nariño en 2026. El texto plantea un cambio sustancial en la política de seguridad y paz del país.
El borrador, titulado “Decreto Número 0001 de 2026”, propone revocar las designaciones de los llamados “gestores de paz” y reactivar las órdenes de captura contra integrantes de estructuras armadas que actualmente cuentan con beneficios judiciales en el marco de la estrategia de Paz Total.
En la exposición de motivos, el documento cuestiona los resultados de dicha política, señalando que ha generado críticas desde distintos sectores, incluyendo víctimas, la Rama Judicial y el Congreso. Según el texto, permitir que líderes de grupos armados accedan a la figura de gestores ha derivado en la suspensión de procesos judiciales y en escenarios que podrían favorecer la impunidad, afectando la seguridad ciudadana.
El proyecto también se apoya en decisiones de la Corte Constitucional de Colombia, en particular la sentencia C-525 de 2023, para argumentar que la suspensión de medidas judiciales no debe aplicarse de manera automática, sino que debe ser evaluada por fiscales y jueces, garantizando la independencia del sistema judicial.
Otro de los puntos centrales del borrador es la advertencia sobre presuntos incumplimientos por parte de grupos armados en las mesas de diálogo. El documento menciona la continuidad de delitos como extorsiones, reclutamiento de menores y violaciones al derecho internacional humanitario, lo que, según la propuesta, pone en duda la viabilidad de mantener las negociaciones bajo las condiciones actuales.
En su articulado, el decreto establece que, de implementarse, quedarían anuladas todas las designaciones de gestores de paz otorgadas bajo la Ley 2272 de 2022. Esto implicaría la pérdida inmediata de beneficios jurídicos para quienes hayan sido cobijados por esta figura.
Asimismo, ordena dejar sin efecto las solicitudes de suspensión de órdenes de captura elevadas ante la Fiscalía General de la Nación y otras autoridades judiciales, e instruye a entidades del Gobierno a gestionar la reactivación de estas medidas.
El borrador también contempla acciones inmediatas por parte de la Fuerza Pública y los ministerios competentes, quienes tendrían un plazo de 48 horas para coordinar con la Policía y la Fiscalía la ubicación y captura de las personas afectadas por la reactivación de las órdenes judiciales.
Finalmente, el documento sustenta este giro en la necesidad de garantizar el orden público y responder a las víctimas, proponiendo priorizar el sometimiento a la justicia con sanciones efectivas por encima de procesos de negociación que no evidencien resultados concretos en desarme y reintegración. De aprobarse, el decreto entraría en vigencia de forma inmediata tras su publicación oficial.
