Debate en Asamblea destapa presuntas fallas y corrupción en acueducto del San Jorge
Este jueves en el debate de control político en la Asamblea, el diputado Gabriel Calle expuso una serie de cuestionamientos sobre la ejecución del acueducto regional del San Jorge, un proyecto clave para garantizar el acceso al agua potable en la región.
En su intervención, el dirigente aseguró que la obra habría estado marcada desde su origen por fallas estructurales en la planeación, las cuales —según indicó— no serían fortuitas, sino producto de decisiones que facilitaron retrasos prolongados, modificaciones contractuales y dificultades para su culminación.
Calle también vinculó el proyecto con nombres que han sido protagonistas de investigaciones por corrupción en el país, como Emilio Tapia, y mencionó a los hermanos Aldana, sugiriendo que algunos de estos actores habrían tenido participación en fases iniciales. A su juicio, estas coincidencias guardan similitudes con esquemas como el Carrusel de la contratación de Bogotá, utilizado como referencia de prácticas irregulares en la contratación pública.
En el mismo sentido, el diputado señaló posibles conexiones con la empresa Odebrecht, así como con firmas como TTU Técnicas Territoriales y Urbanas. Además, hizo mención a decisiones adoptadas en entidades como Fonade, durante periodos en los que —según dijo— se habrían tomado determinaciones clave para el desarrollo del proyecto.
Frente al estado actual de la obra, cuestionó quién ejerce el control efectivo sobre su ejecución. En ese contexto, mencionó a la empresa Genesab S.A.S. y a Saúl Vergara Tous, advirtiendo que algunas de las compañías involucradas tendrían vínculos con estructuras bajo investigación.
El diputado planteó además que, en su momento, declarar el incumplimiento contractual habría permitido recuperar recursos públicos, en lugar de continuar con nuevas adiciones presupuestales. También dejó abierta la inquietud sobre la posibilidad de futuras modificaciones en los costos del proyecto.
Finalmente, calificó el acueducto regional del San Jorge como un proyecto que ha sido utilizado con fines políticos por distintas administraciones, lo que —según afirmó— ha impedido su avance efectivo y ha retrasado la solución a una necesidad básica para miles de habitantes de la región.
