Presos en Colombia podrían recibir salario mínimo y cotizar pensión: estas son las condiciones
El Gobierno Nacional avanza en una estrategia que busca transformar las condiciones laborales dentro de las cárceles del país. A través de normas impulsadas por el Ministerio del Trabajo, miles de personas privadas de la libertad podrían acceder a salario, pensión y cobertura en riesgos laborales, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos establecidos por las autoridades.
El Ministerio del Trabajo reveló detalles sobre las medidas que buscan garantizar derechos laborales básicos a las personas privadas de la libertad en Colombia. La iniciativa, respaldada por la Resolución 5130 de 2023 y ajustes proyectados para 2026, contempla beneficios como remuneración económica, acceso a pensión y afiliación a riesgos laborales para internos que desarrollen actividades productivas dentro o fuera de los centros penitenciarios.
Según la información conocida por Panorama del San Jorge, la medida podría impactar a más de 104 mil internos distribuidos en 125 cárceles del país. Uno de los cambios más importantes es la eliminación del trabajo gratuito en los establecimientos penitenciarios. El Ministerio fue claro en señalar que ningún recluso podrá realizar labores sin recibir una compensación económica acorde con el tipo de actividad desempeñada.
La normativa establece tres modalidades de trabajo. La primera es el trabajo directo, que corresponde a labores realizadas para el mismo centro penitenciario y cuya remuneración dependerá del tiempo trabajado, ajustándose cada año según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La segunda es el trabajo indirecto, desarrollado para empresas, entidades públicas o personas naturales, donde el pago deberá corresponder al salario mínimo legal vigente. Finalmente, aparece el trabajo independiente, modalidad en la que el interno adquiere sus materiales y trabaja por cuenta propia.
Otro de los puntos clave tiene que ver con la seguridad social. De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, las personas privadas de la libertad que reciban ingresos iguales o superiores al salario mínimo deberán cotizar obligatoriamente al Sistema General de Pensiones. En los casos de quienes ganen menos de un salario mínimo y tengan menos de 65 años, podrán vincularse al programa BEPS de Colpensiones, mecanismo que permite ahorrar para obtener un ingreso económico en la vejez con apoyo estatal del 20 %.
La resolución también establece límites en la jornada laboral para proteger el proceso de resocialización. Los internos no podrán trabajar más de ocho horas diarias y deberán contar con afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, garantizando cobertura ante accidentes o enfermedades derivadas de sus actividades. Con estas medidas, el Gobierno busca fortalecer procesos de reintegración social y formalizar el trabajo dentro del sistema penitenciario colombiano.
