La situación de orden público e institucional en la subregión del Bajo Cauca antioqueño ha vuelto a encender las alarmas de los organismos defensores de derechos humanos en el departamento. En las últimas horas, la organización no gubernamental Sumapaz confirmó la ocurrencia de un desplazamiento forzado masivo que afectó de manera directa a un total de 131 familias residentes en el corregimiento de Puerto López, perteneciente al municipio de El Bagre, en el nordeste de Antioquia.
De acuerdo con el censo preliminar consolidado por la organización humanitaria, la emergencia civil ha dejado un saldo de 355 personas despojadas de sus territorios tradicionales. El éxodo masivo se concentró en cuatro puntos neurálgicos de la zona rural: las veredas Las Nubes, Villa Severa, Citeaguanta y Villamaría. Los habitantes de estas localidades se vieron forzados a abandonar de forma abrupta e intempestiva sus viviendas, parcelas y enseres debido a los intensos y prolongados combates territoriales que sostienen organizaciones al margen de la ley.
Los reportes oficiales emitidos por las agencias de inteligencia locales apuntan a que esta nueva ola de violencia urbana y rural responde a una confrontación directa y a muerte entre las estructuras de las disidencias de las Farc y el grupo armado organizado conocido como el Clan del Golfo. Ambas agrupaciones ilegales se disputan de manera sangrienta los corredores estratégicos de movilidad que conectan al departamento de Antioquia con el sur de Bolívar, zonas neurálgicas para la minería ilegal y el tráfico de estupefacientes.
Esta preocupante alteración de la tranquilidad pública se registra, además, en una coyuntura política sumamente delicada, a escasas horas de que se abran formalmente las mesas de votación para la jornada de la segunda vuelta presidencial en todo el territorio nacional, lo que genera zozobra e incertidumbre entre los sufragantes de la ruralidad.
