Una nueva controversia política sacude el escenario nacional luego de que el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella anunciara que acudirá a organismos internacionales para denunciar al presidente Gustavo Petro, tras insinuaciones sobre supuestas interceptaciones a sus comunicaciones.

La polémica se desató después de que el mandatario mencionara la existencia de reportes de inteligencia que, según sus declaraciones, incluirían conversaciones entre De la Espriella y empresarios vinculados a la firma Thomas Greg & Sons. Estos contactos se habrían dado en el contexto del debate por el contrato de elaboración de pasaportes, un proceso que el Gobierno busca modificar con un nuevo modelo de operación.

De acuerdo con lo expresado por Petro, dichas conversaciones tendrían como objetivo frenar los cambios propuestos por la administración nacional y mantener el control del negocio. Sus afirmaciones provocaron inquietud en distintos sectores políticos y jurídicos, que cuestionan la posibilidad de que herramientas de inteligencia estatal estén siendo utilizadas para vigilar a actores políticos.

Frente a estas declaraciones, De la Espriella rechazó los señalamientos y advirtió que, de confirmarse la existencia de interceptaciones, se trataría de una grave vulneración a derechos fundamentales como la privacidad y el debido proceso. En ese sentido, anunció que emprenderá acciones legales en instancias internacionales y también dentro del país para exigir garantías en el ejercicio de la actividad política.

“Y aquí en Colombia también lo voy a hacer. No te equivoques, Petro. Yo estoy hecho de otro material. Y hoy, más que nunca, estoy firme”, expresó el precandidato en medio de la controversia.

En paralelo, el equipo jurídico del dirigente político presentó una solicitud ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se abra una investigación contra el presidente Gustavo Petro y contra funcionarios indeterminados de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por una presunta violación ilícita de comunicaciones.

La petición fue presentada mediante una carta firmada por Germán Calderón, asesor jurídico constitucional del movimiento político Defensores de la Patria, en la que se solicita formalmente iniciar las indagaciones correspondientes con base en lo establecido por la Constitución Política de Colombia, la Ley 5 de 1992 y el Código Penal.