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Alejandro Lyons declaró contra Edwin Besaile en la Procuraduría

El exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus cumplió el pasado miércoles desde Estados Unidos su primera cita en la Procuraduría para hablar de terceros.

El turno fue para declarar del suspendido gobernador de Córdoba Edwin Besaile Fayad y el escándalo denominado el cartel de la hemofilia.

Lyons Muskus, hoy como testigo protegido en Estados Unidos contra el exfiscal Gustavo Moreno, reiteró que por la cuenta que pagó en el año 2016 de hemofilia por 1525 millones, Besaile recibió una comisión de 400 millones de pesos.

“Luego, para que no lo investigaran por esos hechos le pagó al fiscal Daniel Díaz, a través de Leonardo Pinilla 300 millones de pesos”, reiteró en su declaración.

Lyons le cuenta a la justicia el porqué Besaile debe seguir suspendido del cargo. En otras palabras, asegura que el gobernador suspendido recibió una comisión por pagar la cuenta de pacientes inexistentes de hemofilia y pagó un soborno al exfiscal Díaz, hoy preso por los hechos, para que no lo investigara.

“De eso hay evidencia, no solo el testimonio de Lyons, sino las grabaciones que se realizaron en Estados Unidos donde Pinilla afirma que su cliente, Guillermo Pérez, le había manifestado que pagó esa la comisión de 400 millones de pesos a Besaile y donde Pinilla también asegura que él fue el encargado de sobornar a Diaz”, dijeron fuentes del proceso.

Estos hechos que podrían traerle a Besaile sanciones disciplinarias definitivas se suman al proceso penal que le lleva la Fiscalía.

Por ejemplo, La firma de dos letras por 4.100 millones de pesos con las que apoyó económicamente la campaña de Besaile, quien terminó siendo su sucesor.

Incluso, según la Fiscalía, a cambio de su apoyo, Besaile debía seguir pagando coimas provenientes de las regalías y sobre todo, del desangre del sistema de salud por los tratamientos a pacientes inexistentes de hemofilia.

Lyons, quien está libre mientras termina su colaboración con las autoridades norteamericanas, está próximo a regresar al país y pagar una condena de 5 años fijada por la Corte suprema de Justicia.

Sin embargo, gracias al principio de oportunidad, seguirá contándole al país los entramados de corrupción del departamento que salpican a varios funcionarios y ex funcionarios del mismo.

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