Ana Paola García pone a la ley de mujer rural en el centro del debate regional sobre “Hambre Cero”
Desde el Foro Iberoamericano y Caribeño en Ciudad de México, la representante a la Cámara Ana Paola García Soto defendió la nueva Ley de Mujer Rural, Campesina y de la Pesca y exhortó a los gobiernos de la región a asignar presupuesto verificable, con indicadores públicos y control político, para cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible II: Hambre Cero. Dijo: “Colombia ya tiene el derecho a la alimentación como derecho humano”, atribuible a su presidencia en la Comisión Primera, y subrayó que ese mandato constitucional debe traducirse en recursos, metas y resultados en los territorios.
La congresista expuso la dimensión del problema: en Colombia la inseguridad alimentaria afecta a cerca de 14 millones de personas. En los últimos tres años 989 niños menores de cinco años han muerto por desnutrición aguda y 95.000 han sido diagnosticados. “Dimensionen al Estadio Azteca lleno para entender la magnitud de esa cifra”, dijo, al insistir en que la respuesta estatal no puede aplazarse.
García Soto presentó la Ley como una herramienta de país construida “desde la escucha”: cinco audiencias públicas, encuentros territoriales y mesas de concertación con el Ministerio de Agricultura, organizaciones de mujeres y cooperación internacional. Ley de Mujer Rural, Campesina y de la Pesca amplía el alcance de la antigua Ley 731 y reconoce expresamente a la mujer rural, la mujer campesina y la mujer de la pesca. Entre sus disposiciones se cuentan líneas de crédito especiales y ágiles, educación formal y no formal impartida en la ruralidad (sin desarraigar a las mujeres), la posibilidad de que las entidades territoriales destinen hasta el 5% de sus partidas a fondos para el fortalecimiento de la mujer rural, el fortalecimiento del FOMUR y mejoras en el acceso a la tierra.
“Cuando una mujer se empodera en el campo no solo produce alimentos, produce sostenibilidad, justicia social y empoderamiento femenino”, destacó.
La representante convocó a los parlamentos de Suramérica e Iberoamérica a blindar la implementación con presupuestos anuales, seguimiento técnico trimestral, publicación de indicadores comparables y divulgación activa de las leyes contra el hambre. Reconoció el papel categórico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO, durante 80 años, y de las agencias de cooperación de México y España, pero enfatizó que el trabajo es conjunto: “insistir ante los gobiernos, mantener mesas de monitoreo con organizaciones de mujeres y rendir cuentas periódicamente ante la ciudadanía”.
Para García Soto, el mensaje es inequívoco: sin recursos, cronogramas y verificación, no hay cumplimiento. La Ley de Mujer Rural, Campesina y de la Pesca —insignia de país— marca la ruta para que el derecho humano a la alimentación salga del papel y se exprese en menos desnutrición, más producción y más equidad en el campo colombiano.
