El Gobierno pretende al parecer imponer la reforma a la salud por decreto, pues el Ministerio de Salud tendría lista la norma para el polémico pago directo de los recursos desde la Adres a las IPS, es decir sin la intermediación de las EPS.
Así lo informó este jueves ‘Blu Radio’, que cita del documento: “De acuerdo con la información suministrada por las Empresas Sociales del Estado al Sistema de información hospitalaria «Siho», con corte a junio de 2023, el total de la cartera adeudada por las EPS del régimen contributivo, asciende a 2,3 billones”.
Ante lo que advierte que “el no pago oportuno, el retraso o el pago incompleto de las obligaciones existentes entre los agentes del sistema de salud se ha vuelto una constante que erosiona la confianza entre los mismos y causa un grave perjuicio en el funcionamiento del sistema llevándolo paulatinamente hacia su destrucción, y afectando sensiblemente la materialización de la garantía del derecho fundamental a la salud”.
Y concluye que lo ocurrido con Cruz Verde y Sanitas “se viene presentando pese a que las entidades promotoras de salud EPS reciben por parte de la Adres los recursos de la UPC y de presupuestos máximos de manera oportuna y sin dilación de ninguna naturaleza”.
El Ministerio, según el reporte periodístico, establece cuatro eventos en los que el Ejecutivo puede hacer el controvertido giro directo: cuando incumplan la normativa del flujo de recursos o su giro oportuno, cuando no cumplan con el patrimonio adecuado, cuando se encuentren en medida de vigilancia especial, intervención o liquidación por parte de la Supersalud y cuando no se garantice el acceso oportuno a los servicios de salud que requieran los residentes en zonas marginadas y de baja densidad de población.
Así mismo, se lee en el informe que «el incumplimiento de la normativa del flujo de recursos se configura cuando la entidad promotora de salud presente una cartera de más de sesenta (60) días superior al 10 % de la composición de su cartera».
Y el no giro oportuno de los recursos se configura cuando la EPS no realiza el pago del 100 % mes anticipado en los contratos por capitación o el pago anticipado del 50 % del valor de la factura, dentro de los cinco días posteriores a su presentación cuando se trate de otras modalidades de acuerdos de voluntades diferentes a la capitación.
