Habitantes de la Mina El Alacrán piden intervención de Gobierno y Defensoría del Pueblo para evitar desarraigo
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo y el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, asumieron el rol de mediadores para dirimir problemas entre comunidades y la multinacional minera que explota yacimientos en el municipio de Puerto Libertador.
La decisión se adoptó por los representantes de estas entidades del Estado al escuchar la denuncia de Brenda Bohórquez, vocera de las comunidades de la mina El Alacrán en el San Jorge cordobés, quien puso de manifiesto que están siendo discriminados, estigmatizado y a punto de ser expulsados de su territorio por la multinacional Minerales Córdoba con el aval del Gobierno Nacional.
“Estamos siendo revictimizados por el propio Estado que nos desconoció cuando entregó títulos mineros, hoy en poder de multinacionales”, relató la mujer al precisarle a las autoridades que desde hace 45 años fue fundada esa comunidad que tiene 700 habitantes y con esfuerzos propios y del municipio han levantado, escuelas, puesto de salud, iglesias y demás equipamientos que han sido desconocidos.
Brenda, señaló que pasaron de ser mineros tradicionales y ser considerados por la empresa que explota el suelo como “criminales, terroristas, colaboradores de grupos al margen de la ley, poniendo en evidencia el peligro al que nos someten”.
Leyendo una carta que le hizo entrega al defensor y al gobernador, dijo que los líderes de la zona no pueden hablar y alzar las banderas porque se vuelven blando de callar. “eso le ha pasado a mi padre que está amenazado y lo quieren desplazar. De eso es testigo el alcalde, el secretario de gobierno y en la denuncia oficial está por escrito”, agregó.
Aprovechó el espacio para señalar que ellos como asentamiento en esa zona minera tramitan sin éxito desde 1997 títulos mineros y que hoy en manos de una multinacional se esfumaron las esperanzas, y para desalojar la zona, no los quieren reconocer.
“Programamos reuniones con la empresa para establecer una mesa de concertación y a última hora la cancelan. El alcalde ha intervenido y tampoco ha podido”, expresó.
El defensor Carlos Camargo y el gobernador, Orlando Benítez, dijeron que desde sus competencias harán los trámites para servir de facilitadores y en un diálogo donde se respeten las partes, haya acuerdos. “Pronto conocerán nuestras acciones”, dijo el defensor.
Vía GS Noticias
