La polémica que se suscitó luego de la denuncia hecha por la ministra de Educación, Gina Parody, sobre presuntas irregularidades en la contratación de la Gobernación de Córdoba para la prestación de los servicios de educación aún no termina. Ahora intervendrá la Contraloría General de la República.
Por orden expresa del contralor Edgardo Maya, la gerencia de Córdoba revisará en detalle el contrato 036 de 2015 celebrado entre la administración departamental, que entonces presidía el abogado Alejandro Lyons, y la Corporación Social y Educativa Paz y Futuro, la misma que nuevamente firmó contrato en 2016 y que según la funcionaria nacional, cobró por niños ‘fantasmas’.
Como se recordará el contrato para la administración, dirección, coordinación y organización del servicio público educativo en los municipios de Valencia, Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Ayapel se hizo por 32 mil 659 millones de pesos y según la Ministra, la Gobernación tomó 17 mil millones de pesos que estaban destinados para el pago de la nómina de maestros con el único fin de beneficiar al contratista y que además facturó por niños que no aparecen en los registros de matrículas.
Por su parte, el representante legal del mencionado consorcio, José Antonio Manrique Torres, dijo que el contrato inicial se hizo para atender 20 mil 138 estudiantes, pero que luego de un estudio se encontró que solo eran 17 mil 896 de tal forma que la Gobernación solo les canceló 29 mil 393 millones y no los 32 mil 659 de los cuales habla la ministra.
La Contraloría también hará una auditoría al contrato de interventoría firmado con la Unión Temporal Intervenorías Educativas 2015, cuyo representante legal es Manuel Luciano Escudero Romano, por un valor inicial de de mil 457 millones de pesos y al que luego se le hizo una adición de 240 millones 363 mil pesos.
La idea de la Contraloría es establecer si se presentó un detrimento fiscal con el fin de tomar las medidas pertinentes, basados en la denuncia de la ministra de Educación, quien insiste en que hay irregularidades y que por lo tanto espera la investigación también por parte de la Fiscalía.
