Archivos de “Raúl Reyes” que mencionan a Iván Cepeda no fueron manipulados

La controversia se originó en un mensaje fechado el 18 de febrero de 2008, atribuido a Inés Graciela Dorado —identificada por organismos de inteligencia como integrante del llamado Comité Internacional de las Farc—, en el que señalaba que, por solicitud de Cepeda, estaba coordinando actividades para unificar movilizaciones programadas el 6 de marzo de ese año en distintos países. El correo fue hallado semanas después en dispositivos electrónicos recuperados por el Ejército colombiano tras el bombardeo al campamento del entonces comandante guerrillero Raúl Reyes en territorio de Ecuador.

Años más tarde, el medio La Silla Vacía reconstruyó, con base en archivos y reportes de inteligencia, el seguimiento que la guerrilla habría hecho a la convocatoria de esa marcha. Según la investigación, la organización insurgente consideró la movilización como una oportunidad política para posicionar mensajes relacionados con el conflicto armado y el llamado acuerdo humanitario.

Dorado, quien también utilizaba varios alias, habría tenido un rol dentro de las estructuras internacionales de la guerrilla y mantenía comunicación directa con miembros cercanos a Reyes. En otros mensajes, según los documentos analizados, se hablaba de la necesidad de coordinar acciones en diferentes países para aumentar el impacto de la movilización.

El contexto de la época era particularmente tenso. Apenas un mes antes, el 4 de febrero de 2008, millones de personas habían salido a las calles en Colombia y el exterior bajo la consigna “No más Farc”, en rechazo al secuestro y a la violencia insurgente, en momentos en que la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt permanecía en cautiverio. La convocatoria del 6 de marzo surgió como una movilización distinta, enfocada en víctimas de crímenes de Estado y del paramilitarismo.

Los documentos también reflejarían comunicaciones internas del propio Reyes en las que se discutía la conveniencia de impulsar la marcha sin expresar apoyo público directo, con el fin de influir en la opinión y presionar eventuales salidas negociadas al conflicto.

Tras la incautación de los computadores el 1 de marzo de 2008, el entonces director de la Policía, Óscar Naranjo, afirmó que el material contenía evidencias del interés de la guerrilla en la movilización. Sin embargo, desde entonces el hoy candidato ha sostenido que su mención en esos archivos fue producto de un montaje.

Cepeda ha argumentado que el documento estaría relacionado con la denominada “Operación Estímulo”, una estrategia ilegal del desaparecido DAS para infiltrar la marcha y vincularla con grupos armados mediante propaganda. No obstante, los registros conocidos de esa operación describen la elaboración de material publicitario, sin referencias a manipulación de los computadores incautados ni a la operación militar en Ecuador.

Otro punto de discusión ha sido el valor judicial de los archivos. La Corte Suprema de Justicia los excluyó como prueba en procesos penales dentro del país debido a irregularidades en la cadena de custodia, al haberse obtenido en territorio extranjero. Sin embargo, esa decisión no cuestionó la autenticidad del contenido. De hecho, un análisis técnico de Interpol concluyó que los archivos no fueron alterados desde que quedaron en manos de las autoridades colombianas.

Parte de esos documentos también fueron utilizados por autoridades de Estados Unidos en investigaciones judiciales, incluida una acusación formal contra el presidente venezolano Nicolás Maduro.

La polémica, que ha resurgido en el escenario político actual, continúa generando posiciones encontradas entre quienes consideran que los archivos evidencian cercanía con la guerrilla y quienes sostienen que se trató de un intento de desprestigio contra el movimiento de víctimas y sus líderes.