Cerca de $20.000 millones de pesos regresará Electricaribe a sus usuarios de estratos más bajos por concepto de los subsidios del Fondo de Energía Social (Foes), que en vez de entregar, se usaron para subsanar pérdidas.
Así lo anunció durante rueda de prensa el Agente Especial de la empresa, Javier Lastra, quien explicó que desde el primero de septiembre los usuarios recibirán una nota crédito a su favor en su factura.
“No van a recibir dinero en efectivo sino será una aplicación a las facturas y así se va a superar un problema de interpretación que se tenía”, aclaró Lastra. Lo anterior quiere decir que se cruzarán los subsidios dejados de aplicar contra los consumos que se tengan.
Los subsidios
Estos dineros hacen parte de los recursos por los cuales la Contraloría General de la República mantiene abierta una indagación preliminar contra Electricaribe. En total fueron $78.500 millones los que se dejaron de otorgar, según lo revelado por el ente de control.
En la región, este subsidio adicional que otorga el Gobierno Nacional beneficia a 887.647 usuarios del servicio de energía en zonas de altos niveles de pobreza (estratos 1 y 2).
La suma que será devuelta a los usuarios ($20.000 millones) corresponde a los subsidios no entregados durante el período de intervención, del 15 de noviembre de 2016 al 31 de agosto de 2017. Lo anterior, según lo precisado por Lastra, representará “un alivio” en la factura de aproximadamente $20.000 por cliente, por única vez.
“Hemos realizado los ajustes necesarios a los sistemas y la buena noticia es que los suscriptores tendrán ese alivio en su factura. Es un parte de tranquilidad para los de estratos más bajos”, destacó el interventor.
Anunció que adicional a eso, desde septiembre en adelante, se aplicará el Foes conforme a la interpretación de la norma, lo que implicará “un alivio” del orden de los $3.000 al mes, siempre y cuando el Gobierno Nacional desembolse los recursos.
Para el caso de los subsidios aplicados antes del proceso de intervención, Electricaribe notificó que evalúa los mecanismos a implementar, teniendo en cuenta las investigaciones de la Contraloría y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, así como también los argumentos de defensa presentados por la anterior administración.
