En Córdoba alertan por falta de garantías para jueces que enfrentan amenazas de seguridad
En el marco de la conmemoración de los 40 años del holocausto del Palacio de Justicia, la comunidad judicial en Córdoba aprovechó el espacio para hacer un llamado urgente a las autoridades nacionales y departamentales: garantizar la seguridad de quienes imparten justicia en la región.
Según la Dirección Seccional de Administración Judicial de Córdoba, al menos diez jueces se encuentran actualmente en situación de riesgo por las decisiones que deben tomar en el ejercicio de sus funciones. Algunos de ellos cuentan con esquemas de protección proporcionados por la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP), aunque dichas medidas se consideran insuficientes.
“La sola labor de administrar justicia muchas veces genera riesgo por la trascendencia de las decisiones que se adoptan”, señalaron desde la Dirección Seccional, destacando que han sostenido reuniones permanentes con los comandantes de la Policía de Córdoba y la Metropolitana de Montería, quienes han brindado apoyo cuando ha sido requerido.
Sin embargo, el mayor problema se concentra en la falta de recursos y medidas efectivas por parte de la UNP, especialmente en los casos relacionados con la jurisdicción de restitución de tierras, donde la exposición de los jueces es mayor. Según la entidad, la UNP solo ha asignado un vehículo blindado para tres jueces, lo que, además de ser una medida desigual, los deja vulnerables durante sus desplazamientos y diligencias judiciales.
De acuerdo con las cifras oficiales, en el departamento de Córdoba se registra un total de más de 80 personas amenazadas, entre ellas líderes sociales y funcionarios públicos, situación que refleja la persistente fragilidad en materia de seguridad y protección de derechos fundamentales.
