A partir del 25 de junio comenzará a operar en Tierralta, Córdoba, la primera Zona de Ubicación Temporal (ZUT) destinada al proceso de desmovilización del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), considerado el brazo político-militar del Clan del Golfo.
De acuerdo con información entregada por el coordinador de la delegación gubernamental para el espacio sociojurídico con esa organización, Álvaro Jiménez Millán, entre 400 y 500 combatientes serán trasladados a este lugar, cuya ubicación exacta permanecerá en reserva por razones de seguridad.
El funcionario explicó que distintas entidades del Estado trabajan de manera articulada para garantizar las condiciones logísticas, operativas y administrativas necesarias para la puesta en marcha de la zona. En este proceso participan el Ministerio de Defensa, la Consejería Comisionada para la Paz liderada por Otty Patiño, equipos jurídicos de la Presidencia, la Organización de Estados Americanos (OEA), países cooperantes y la Alcaldía de Tierralta.
Jiménez Millán aseguró que el trabajo se adelanta de forma “seria e intensa” para asegurar el correcto desarrollo de esta etapa del proceso.
Entre las condiciones establecidas para el ingreso a la ZUT se definió que los integrantes del EGC deberán llegar sin armas. Además, quienes tengan solicitudes de extradición vigentes no podrán ingresar al área durante esta fase inicial. Según indicó el Gobierno, ambas disposiciones fueron aceptadas por la organización armada.
La puesta en marcha de esta zona revive en Tierralta el recuerdo de uno de los capítulos más representativos del conflicto armado colombiano. El municipio acumula más de 51.000 víctimas registradas y fue escenario, en 2003, de los acuerdos firmados en Santa Fe de Ralito entre el Gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), proceso que derivó en la desmovilización de más de 30.000 paramilitares.
Sin embargo, años después, parte de esas estructuras retomaron las armas y dieron origen a organizaciones criminales como el actual Clan del Golfo.
Frente a las dudas sobre la continuidad de este proceso tras un eventual cambio de gobierno, Jiménez Millán sostuvo que las negociaciones y mecanismos de desmovilización deben trascender los ciclos políticos y electorales. En ese sentido, señaló que las Zonas de Ubicación Temporal representan apenas una etapa dentro de un camino más amplio hacia la desmovilización y la búsqueda de estabilidad en los territorios afectados por el conflicto.
