Montería. La institución prestadora de salud Funtierra Rehabilitación, señalada por la Contraloría de beneficiarse con el 70 por ciento de dineros (más de 7.000 millones de pesos) por los tratamientos de neurodesarrollo para niños en Córdoba, aseguró que todos los servicios se prestaron y que la modalidad de pago se acordó con la Gobernación.
La entidad decidió entablar una demanda contra los auditores de la Contraloría General de la República en la Fiscalía General de la Nación y una tutela contra el Contralor General, Edgardo Maya Villazón.
El representante de la IPS, Eduardo Padilla Hernández, argumenta que los auditores cometieron un fraude en la investigación y que no aplicaron todo el procedimiento que tocaba hacer, razón por la cual perjudicaron el buen nombre de esta entidad prestadora de salud.
Padilla Hernández afirmó que no renuncia a la investigación, pero pide que le nombren auditores aptos para que hagan una nueva auditoría. Además, aseguró que jamás ha tenido contratos con la Gobernación de Córdoba debido a que esta no se los da por todos los temas de corrupción que él ha denunciado en el Departamento.
