El aumento del salario mínimo para 2026 quedó temporalmente en pausa. El Consejo de Estado admitió una demanda contra el decreto expedido por el Gobierno nacional y, como medida cautelar, ordenó la suspensión provisional de sus efectos mientras estudia de fondo la legalidad del acto administrativo.
La decisión implica que el incremento no podrá aplicarse hasta que el alto tribunal determine si el decreto cumple con los requisitos jurídicos exigidos. El caso pone nuevamente bajo la lupa los procedimientos técnicos y legales que respaldan las determinaciones económicas del Ejecutivo.
Tras conocerse la medida, el diputado de la Asamblea de Córdoba, Gabriel Calle Aguas, expresó su posición y respaldó la necesidad de avanzar en una reforma a la justicia. Según sostuvo, cuando las instituciones se distancian de las realidades sociales y económicas del país, se hace necesario promover cambios estructurales que permitan mayor coherencia entre las decisiones judiciales y las necesidades ciudadanas.
Calle también señaló que cualquier nuevo acto administrativo que se expida deberá ajustarse estrictamente a los parámetros fijados por el tribunal. Entre ellos, una sustentación económica sólida, clara y verificable que detalle los criterios técnicos empleados para definir el aumento, como la inflación, la productividad y otras variables macroeconómicas determinantes.
Además, en su declaración hizo un llamado político con miras al 8 de marzo, invitando a la ciudadanía a respaldar a quienes promuevan las reformas sociales que —a su juicio— requiere el país.
La controversia vuelve a poner en el centro del debate público la relación entre las decisiones judiciales y las políticas económicas del Gobierno, especialmente en un tema tan sensible como el salario mínimo, que impacta directamente a millones de trabajadores y empleadores en Colombia.
