Hay preguntas que parecen sencillas hasta que intentamos responderlas.
¿Cuánta agua necesita una familia? ¿Cuánto alimento? ¿Cuánto tiempo necesita una persona para descansar? Y ahora aparece otra pregunta que, en medio de la discusión sobre el consumo de energía eléctrica, merece hacerse con más calma: ¿cuánta energía necesita una familia para vivir dignamente?
La pregunta no es menor.
Porque detrás de cada kilovatio hay una historia cotidiana, Una nevera que conserva los alimentos, una lavadora que permite resolver las tareas del hogar, un ventilador que hace posible dormir, un aire acondicionado que, en determinados territorios y durante determinadas temporadas, deja de sentirse como un lujo y empieza a parecer una necesidad.
En los últimos días, la discusión alrededor de las medidas adoptadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas —CREG— ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el consumo eficiente de electricidad y los incentivos para reducirlo. La discusión también ha generado cuestionamientos desde algunos territorios, entre ellos Cartagena, cuyo alcalde anunció una demanda contra la Resolución 101 126 de 2026, argumentando que las condiciones climáticas y sociales de las distintas regiones no pueden ser analizadas de la misma manera.
Y ahí aparece algo que va más allá de una resolución, una tarifa o una fórmula.
El territorio importa.
No consume lo mismo una familia que vive en una región donde las temperaturas permiten prescindir buena parte del año de determinados equipos, que una familia que enfrenta jornadas de calor intenso y necesita utilizar ventiladores o sistemas de refrigeración durante muchas horas,
Tampoco todas las familias tienen la misma capacidad económica para asumir un incremento en su factura. Ni todas las viviendas tienen las mismas condiciones de ventilación, aislamiento o infraestructura.
Por eso, hablar de consumo eficiente no debería significar únicamente preguntarnos cuánto consume una familia, sino también por qué consume lo que consume.
La eficiencia energética es necesaria, Ahorrar energía es importante, El uso responsable de los recursos beneficia a todos y hace parte de una conversación que como sociedad debemos tener.
Pero también necesitamos preguntarnos si las políticas públicas pueden reconocer que Colombia no es un territorio homogéneo.
Las necesidades de una familia en Montería no necesariamente son las mismas de una familia en Bogotá. Las condiciones climáticas cambian. Las viviendas cambian. Los ingresos cambian. Las formas de habitar cambian y cuando una política pretende modificar comportamientos, también debería mirar esas diferencias.
Porque una cosa es incentivar a una familia a apagar una luz que no necesita y otra muy distinta es pedirle que reduzca el uso de un aparato que utiliza para soportar las condiciones climáticas de su territorio.
Entre ambas situaciones hay una diferencia que parece pequeña en una fórmula, pero que puede ser enorme en la vida cotidiana.
Quizá por eso esta discusión debería llevarnos a una conversación más profunda sobre lo que entendemos por servicios públicos y dignidad.
Una factura de energía no es solamente un número.
Es el resultado de muchas decisiones, pero también representa necesidades básicas: conservar alimentos, iluminar una casa, estudiar de noche, trabajar, comunicarse, descansar y, en determinados lugares, protegerse del calor.
Entonces, tal vez la pregunta no debería ser únicamente cuánto consume una familia.
Tal vez deberíamos preguntarnos:
¿Cuánta energía necesita una familia para vivir dignamente y cuánto puede pagar por ella sin que ese derecho se convierta en una carga imposible de asumir?
No se trata de desconocer la necesidad de ahorrar. Se trata de encontrar un equilibrio entre eficiencia y realidad.
Entre la responsabilidad ambiental y las condiciones del territorio.
Entre la sostenibilidad del sistema y la capacidad económica de las familias, Porque las políticas públicas funcionan mejor cuando, además de mirar las cifras, son capaces de mirar a las personas que están detrás de ellas.
Al final, la discusión sobre la energía no debería reducirse a cuánto consume una familia, sino a qué necesita esa familia para vivir, trabajar, estudiar, descansar y sentirse protegida dentro de su propio hogar.
Porque cuando una política pública mira únicamente el consumo, corre el riesgo de olvidar las condiciones que explican ese consumo.
Y gobernar también significa mirar esas diferencias.
Significa entender que detrás de una cifra hay una familia; detrás de una factura hay un hogar; y detrás de un kilovatio hay, muchas veces, una necesidad.
Quizá el verdadero reto no sea solamente lograr que consumamos menos, sino lograr que nuestras decisiones públicas sean capaces de distinguir entre el consumo que puede evitarse y aquel que responde a una necesidad real.
Porque ahorrar energía es una responsabilidad de todos. Pero garantizar condiciones dignas para vivir también lo es. Y tal vez, antes de preguntarnos cuánta energía debería consumir una familia, deberíamos hacernos una pregunta todavía más importante: ¿Qué necesita una familia para vivir dignamente en el territorio que habita? La respuesta, seguramente, no cabe en una fórmula.
