Pocos medios de comunicación y líderes de oposición se han pronunciado sobre la expropiación que las zonas APPA han hecho en Colombia y en especial en territorios productivos como el departamento de Córdoba.
Será que los continuos escándalos del gobierno han distraído la atención del público y de los medios que no se han percatado que, mientras Petro dice sus sandeces diarias, por debajo nos está quitando hasta la capacidad de decidir qué hacer con nuestros terrenos rurales productivos.
Las APPA son áreas rurales con alta aptitud agropecuaria que han sido denominadas de esta forma, para proteger la producción de alimentos, deben incluirse de manera obligatoria en los Planes de Ordenamiento Territorial, lo que significa que deben cumplirse ya que tienen un impacto directo en la planificación del suelo. Estas zonas APPA son designadas por el Ministerio de Agricultura, después de un proceso técnico y participativo con los municipios y las comunidades. Esta designación crea un compromiso legal para proteger el suelo agrícola y garantizar la seguridad alimentaria, en Córdoba 21 municipios ya cuentan con la identificación APPA. La anterior definición suena simple, sencilla y hasta bonita por el tema de la seguridad alimentaria y demás, pero, lo que realmente está sucediendo es que el gobierno de manera autoritaria y centralizada, controla el destino que tendrán las tierras y las decisiones económicas de la misma, no los dueños. Lo más aterrador del caso es que, el gobierno, a través de un acto administrativo, puede declarar la extinción de dominio de la propiedad rural, sin derecho a indemnización, por no cumplir con los lineamientos de las APPA. Esto es claramente una intromisión indebida a la propiedad privada y una expropiación.
En nuestra carta magna el artículo 58 consagra la protección a la propiedad privada como un derecho fundamental y se considera la expropiación de manera excepcional por motivos de utilidad pública o interés social, previa indemnización. No se contempla la extinción de dominio sin indemnización, como lo contemplan las APPA, ya que se está violentando los atributos soberanos que tiene el derecho a la propiedad; esto genera inseguridad jurídica, patrimonial y alimentaria, y acrecienta el temor a invertir en el sector agropecuario.
Los municipios de Córdoba que están incluidos en las zonas APPA son; Montería, Ayapel, Buenavista, Cereté, Chimá, Chinú; Ciénega de oro, Cotorra, La Apartada, Lorica, Momil, Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Sahagún y San Andrés de Sotavento. Tierras ganaderas y agrícolas de alta rentabilidad. Se imaginan lo que haría Pinturita o Iván Cepeda con ellas.
¿En Córdoba habrán socializado con los propietarios y habitantes de las zonas APPA? Lo dudo, y con ello violaron el derecho de todos a recibir información oportuna, veraz y adecuada antes de imponer a la fuerza una disposición tan arbitraria y de tinte comunista como ésta.
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