En un panorama similar al de hace cuatro años, de nuevo la pelea por la curul de las víctimas en Córdoba vuelve a estar protagonizada por clanes y maquinarias políticas, que en estas semanas afinan sus movidas para intentar quedarse con el espacio concebido para darle representatividad a los 167 municipios de Colombia más afectados por el conflicto, dentro de los acuerdos de paz con las extintas Farc. Es la misma interferencia de la política tradicional que quedó constatada en todo el país en las elecciones de 2022, cuando se disputaron por primera vez estas curules. Aunque en esta ocasión, al menos en el caso cordobés, en la puja también competirán asociaciones sociales empoderadas por el gobierno Petro.
En las pasadas legislativas de 2022, cuando se estrenó esta figura llamada formalmente Citrep (Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz) para 16 subregiones colombianas, la silla del Sur de Córdoba quedó en manos de la prima del entonces gobernador Orlando Benítez, quien había llegado al poder con el respaldo del senador y cacique liberal Fabio Amín y del clan liderado por el exsenador Musa Besaile, condenado por corrupción y parapolítica.
La representante electa fue Leonor Palencia Vega, a quienes líderes sociales del departamento y otros candidatos a esa misma curul cuestionaron por no tener trayectoria de trabajo con víctimas del conflicto, campesinos u otra organización. Como lo contó La Silla Vacía en su momento, Palencia incluso fue denunciada ante la Fiscalía por integrantes de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor), por presuntas presiones que habrían ejercido miembros de su campaña y de la administración de su primo para votar por ella.
Según esa denuncia, Palencia, quien llegó al Congreso con el aval de la Asociación Agropecuaria de Mujeres Víctimas de Jericó (Asomuvij), y una votación de 5.105 tarjetones marcados a su favor, también fue respaldada por partidos políticos tradicionales como el liberal y la casa Calle del municipio de Montelíbano, de la cual hace parte el ex representante Andrés David Calle Aguas, actualmente preso y en juicio dentro de uno de los peores escándalos de corrupción del gobierno Petro: el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd).
La gestión legislativa de Palencia Vega también ha sido cuestionada en el Sur de Córdoba. Líderes sociales de la región señalan que desconocen proyectos o iniciativas de ley que haya impulsado la congresista en favor de las víctimas en el departamento y en el país. Según el proyecto Congreso Visible de la Universidad de los Andes, la representante ha sido coautora de 61 proyectos de ley. Entre ellos, por ejemplo, uno para dar tratamiento penal diferenciado a los pequeños cultivadores de plantaciones de uso ilícito, y otro que exalta a un Festival del Mapalé en Córdoba como patrimonio. Pero las fuentes consultadas para esta historia dicen que no siente, en cualquier caso, que se haya sentido su labor de manera directa en las víctimas.
La curul de paz en Córdoba da representación a cinco municipios del sur, históricamente azotados por grupos armados ilegales de todas las orillas y colores, que suman en total 316.388 víctimas.
Para esta ocasión, el sentido de su representación efectiva vuelve a estar en entredicho.
Cuestionados Calle quieren más Congreso, ahora en cabeza de las víctimas
A diferencia de casi todas las maquinarias, que suelen maquillar su interés en la curul de paz (que tiene como condición que sólo pueden participar con candidaturas organizaciones de víctimas, de campesinos y de mujeres), el clan Calle juega en esta puja con carta de frente.
El pasado 27 de diciembre, el diputado Gabriel Calle Aguas, hermano del cuestionado exrepresentante aliado del petrismo Andrés David Calle, anunció en una rueda de prensa realizada en la ciudad de Montería las cartas del grupo para las legislativas de este año.
Dijo Calle que su movimiento, llamado Nuevo Futuro, respaldará al candidato al Senado Camilo Torres Villalba, ficha del clan atlanticense de los Torres, otra maquinaria aliada del actual gobierno petrista.
En ese mismo evento, el diputado Calle agregó que votarán a la curul de paz por un candidato llamado José David Ortega Ruiz, quien cuenta con el aval de la Asociación de Mujeres Rurales y Campesinas del Alto Sinú (Alsinú).
Hace cuatro años, la casa Calle, con fortaleza en Montelíbano, llevó por segunda vez al enjuiciado Andrés David Calle Aguas a la Cámara de Representantes y apoyó abiertamente por la curul de paz a Leonor Palencia Vega, producto de las buenas relaciones que mantenían con el entonces gobernador Orlando Benítez Mora. En esta contienda no postularon carta propia al Congreso por los líos judiciales del expresidente de la cámara Calle Aguas.
El candidato de las víctimas en cuyo bus se montaron los Calle en un líder oriundo del corregimiento Juan José, del municipio de Puerto Libertador, que hasta hace aproximadamente seis meses fue contratista de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Córdoba, condición desde donde participó en el proceso de recuperación y entrega de tierras en municipios del sur del departamento.
Una de esas entregas fue la del predio La Querida en el municipio de San José de Uré, con una extensión de 650 hectáreas, a 52 familias de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor), organización a la que Ortega Ruíz perteneció como directivo.
Además, su esposa, Ana María de la Puente, fue hasta hace poco la coordinadora de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) regional Córdoba, entidad encargada de coordinar y articular los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), cargo que le permitió visibilización ante las comunidades del sur del departamento, que hoy visita al lado de Ortega Ruíz en busca de votos.
Entre alcaldes de Musas y godos
Otra candidatura a la curul de paz del Sur de Córdoba con sabor a política tradicional es la de Laura Vanessa Díaz Cura por su cercanía con el alcalde de Tierralta, Jesús David Contreras Rodríguez, conservador de la línea de ex precandidato presidencial y aspirante al Senado David Barguil Assis y del candidato a la Cámara Nicolás Barguil. El grupo de Barguil respaldó a este mandatario para llegar al poder en su pueblo.
Díaz Cura, quien se inscribió con el aval de la Asociación de Parceleros Retornantes del Tesoro (Asodepart), es cuestionada por no tener trabajo reconocido en favor de las víctimas y población campesina, al tiempo que la señalan de ser la candidata del alcalde Contreras Rodríguez.
La hoy candidata hizo parte de la campaña a la alcaldía de Contreras Rodríguez en el 2023 y luego, a finales de ese año, se postuló a la Personería Municipal con el guiño del entonces alcalde electo. Sin embargo, el concurso de méritos fue ganado por Carolina Ganen Solano, también cercana al mandatario local.
Tras no ganar la Personería, el 9 de febrero de 2024, Laura Vanessa Díaz fue contratada por el alcalde a través de una orden de prestación de servicios profesionales por valor de 21 millones de pesos para que brindara apoyo jurídico a la Secretaría de Gobierno del municipio de Tierralta durante seis meses. El contrato fue renovado el 15 de agosto de 2024 y el 12 de febrero de 2025. En mayo de 2025, al término de su relación contractual, inició el proceso de precampaña a la Cámara de Especial de Paz del Sur de Córdoba.
Además de la cercanía de la aspirante con el alcalde, en Tierralta es de conocimiento público que líderes que apoyan la candidatura de Laura Vanessa Díaz Cura promovieron la inscripción de cédulas de habitantes del área urbana en puestos de votación de la zona rural, específicamente en los corregimientos Palmira y Los Morales, poblaciones cercanas a la cabecera municipal. Esa movida es clave debido a que las curules de las víctimas son elegidas por las personas que viven en las zonas rurales de los municipios priorizados por su afectación en el conflicto.
Otros políticos poderosos de Córdoba que estarían apoyando esta candidatura son el actual senador del Partido Conservador Marcos Daniel Pineda García y el exgobernador Orlando Benítez Mora, quien acompaña a su esposa Martha Ruiz Solera en su aspiración a la Cámara de Representantes por la circunscripción ordinaria. Esa versión nos la dio una fuente conocedora de la movida política.
Y si en Tierralta llueve, por los lados de Valencia no escampa. Allí, también el grupo que maneja la alcaldía tiene candidatura de víctimas.
Se trata de Silvia Ramos Reyes, avalada por la Asociación de Mujeres Desplazadas de Villanueva (Asomdevi), y cuya aspiración cuenta con el apoyo del grupo político del actual mandatario del municipio de Valencia, Ángel Suárez Martínez.
Ese respaldo se puede evidenciar por varios líderes partidarios del alcalde que ahora están con Ramos. Entre ellos se destacan David Sejin Manrique, excandidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal y Marcos Yánez Doria, exalcalde, conocido como un viejo zorro de la política tradicional en Valencia y el Alto Sinú.
Además está el ingeniero Edwin Hernández, quien acompañó a Ángel Suárez Martínez en su campaña a la alcaldía. Su hermana, la arquitecta Sandra Hernández, es la secretaria de Obras Públicas e Infraestructura de la Administración de Municipal de Valencia.
Precisamente, fue a Edwin Hernández a quien la candidata Silvia agradeció por la realización de una reunión con cerca de 200 personas realizada el pasado 22 de diciembre en el estadero Casa Roja de Valencia.
En su cuenta en la red social Facebook, la candidata escribió: “Agradecida profundamente por la invitación a la reunión de integración del equipo del ingeniero Edwin Hernández (EH). Su respaldo a este proceso es fundamental para fortalecer el trabajo conjunto, unir voluntades y aunar esfuerzos en torno al objetivo principal que nos convoca. Seguimos avanzando con compromiso, diálogo y construcción colectiva. #TuvozEstuVoto #Marca501 #SilviaRamos”.
Un aspecto que llamó la atención de la reunión fue la entrega de anchetas navideñas como incentivos a los asistentes que escucharon el discurso de la candidata a la curul de paz.
A esta candidatura también se ha sumado la coalición Bechara – Besaile, que hoy tiene el poder en la Gobernación de Córdoba con el cacique del Partido de La U Erasmo Zuleta Bechara al mando. Fuentes en el Sur de Córdoba dan testimonio de que fichas clave de ese grupo político y del Partido de La U, como el exalcalde de Valencia Éder de Hoyos Doria y el excandidato a la alcaldía de Montelíbano, Cesar Cura Vergara, estarían movilizando a sus simpatizantes a votar por Silvia Ramos Reyes, por orientaciones del mandatario departamental y del senador Jhonny Besaile Fayad.
De hecho, ha llamado la atención que Éder de Hoyos Doria, quien en las pasadas elecciones locales en Valencia fue el mayor oponente del actual alcalde, hoy apoye a la candidata de quien le ganó la puja por el primer cargo municipal.
Líderes del grupo del senador Besaile en Puerto Libertador y San José de Uré, otros dos municipios que conforman de la Citrep 14, también estarían siendo invitados a buscar votos para Silvia Ramos Reyes, según detalló una fuente que lo conoció directamente.
Petrismo empoderado
Otro de los aspirantes que llega con ventaja a la contienda por la curul de las víctimas es Jorge Elías Ricardo Rada, candidato avalado por la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor), una organización con fuerte presencia en las zonas rurales de Puerto Libertador, Montelíbano y San José de Uré, que respaldó activamente la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia y ha sido promotora de las políticas del actual Gobierno nacional en el territorio.
Ese respaldo político se ha traducido en el nombramiento de varios de sus integrantes en cargos estratégicos de entidades del orden nacional. Entre ellos están Arnobis Zapata Martínez, excandidato a la Citrep 14, hace tres años designado en la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en el departamento de Córdoba. Zapata se desempeñó como coordinador de Ascsucor y presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anzorc).
Ascsucor también se ha fortalecido mediante el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), a través de la ejecución de proyectos productivos en los que el hoy candidato Ricardo Rada ha tenido un rol visible como impulsor y difusor de manera constante en redes sociales. Asimismo, el ahora aspirante había participado en los trabajos de georreferenciación adelantados por la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en el municipio de Puerto Libertador durante 2024, intervención que algunos campesinos interpretan como una gestión que fortaleció su posicionamiento político en la región.
A estos respaldos de carácter nacional se suma el apoyo de Espedito Duque Cuadrado, un reconocido dirigente político de Puerto Libertador, quien fue alcalde en el periodo 2016-2019 y aspiró sin éxito a un segundo mandato en las elecciones de 2023, campaña en la que contó con el respaldo abierto de Ricardo Rada y de cientos de familias vinculadas a Ascsucor.
Esta organización campesina busca así una especie de revancha tras las elecciones de 2022, cuando su candidato Arnobis Zapata perdió la curul de la Citrep 14 frente a Leonor Palencia Vega, respaldada por el poderoso grupo del entonces gobernador. Sus directivos consideran que esa representación les fue “arrebatada” por la fuerza de la burocracia, entre otros asuntos.
De cara a las elecciones del próximo 8 de marzo, Ascsucor llega fortalecida ya no sólo por su trabajo en el territorio, sino también por la fuerza y presencia que han logrado gracias a su relación con el actual gobierno nacional y sus proyectos. Un escenario que expone una paradoja: dinámicas de poder y burocracia similares a las que la organización cuestionó en 2022 podrían terminar favoreciéndola en la disputa por la curul de las víctimas en 2026.
Varias de las alianzas entre aspirantes a la curul de paz y políticos tradicionales han venido siendo denunciadas activamente en sus redes sociales por la candidata Elvira Negrete Vásquez, de la Organización de la Etnia Afrocolombiana El Paraíso OEPA.
La mujer de 55 años, a quien paramilitares le asesinaron su padre y la desplazaron en el año 2021, aspira por segunda vez a la curul de paz e intenta no ser borrada de la campaña por estas movidas que suelen hacer invisible el esfuerzo electoral de las verdaderas víctimas.
Así las cosas, a menos de dos meses de las elecciones, la curul de las víctimas del Sur de Córdoba vuelve a caminar entre denuncias de injerencia de la política de siempre y respaldos oficiales que desequilibran la contienda. La promesa de una representación autónoma y genuina parece desdibujarse. Mientras líderes sociales piden garantías y vigilancia de los organismos electorales, la pregunta que queda en el aire es si esta vez las víctimas lograrán conservar la voz que el Acuerdo de Paz les reconoció o si, una vez más, esa curul terminará en manos ajenas a su dolor y a su historia.
