En el Congreso cursa un proyecto de ley que busca proteger a los ciudadanos frente al uso indebido de su información personal por parte de empresas que no residen en Colombia.
El internet se ha convertido en nuestros días casi en una necesidad para la vida cotidiana, a diario acudimos a la web para pagar facturas, cuentas bancarias, o utilizar redes sociales con fines políticos, académicos o de ocio. Pero cada vez que usamos internet estamos entregando datos e información personal que no siempre es usada para nuestro beneficio, situación ante la que podríamos estar indefensos.
En Colombia, un país con 13,7 millones de conexiones a internet y en el que más de la mitad de sus hogares tiene acceso a la red, existen leyes que protegen el acceso y uso de las bases de datos, la principal de ellas es la 1581 de 2012, que blinda el uso de información financiera previo consentimiento del usuario.
En los últimos 6 años la Superintendencia de Industria y Comercio (Sic) ha impuesto sanciones por más de 18 mil millones de pesos a empresas nacionales que violaron las normas de protección de datos, siendo el 2015 con $4.443 mil millones en multas, el año con mayor recaudo.
Sin embargo, estas sanciones se circunscriben únicamente a las empresas que tienen su domicilio de residencia en el territorio nacional, dejando por fuera empresas como Google, Amazon, Facebook, Intagram, Twitter, solo por mencionar algunas.
“Hoy en día internet permite que desde cualquier parte del mundo la gente recolecte sus datos y haga lo que quiera con ellos” , afirma Nelson Remolina, director del Observatorio de Protección de Datos Personales de la Universidad de los Andes.
Remolina advierte que aunque en el país existe una protección formal para el tratamiento de datos por parte de empresas nacionales, contemplado en el artículo 15 de la Constitución, en el caso de las empresas internacionales no existe legislación que pueda usar el usuario en caso de vulneración a su derecho de Habeas Data.
“El 85% de los datos que recoge Facebook, por ejemplo, son de países distintos a Estados Unidos, eso representa 1.6 billones de datos”, advierte el experto.
Para hacer frente a esta falencia en el Congreso de la República cursa un proyecto que busca ampliar el alcance de la Ley 1581 y “darle dientes” a la SIC para imponer sanciones a las compañías cuyos domicilios están fuera de Colombia pero operan en el país.
Este proyecto de ley 91 de 2016 es impulsado por el senador Jaime Amín, del Centro Democrático, y la semana pasada fue aprobado por unanimidad en su primer debate en Comisión Primera del Senado.
El experto explica además que todo lo que hacemos en internet, desde compartir fotos o videos, hasta la información sobre registros de salud, financieros o académicos, es susceptible a ser recopilado y utilizado.
“El problema es que empresas como Google, ante los reclamos de usuarios o Gobiernos, afirman que al no residir en estos países sus leyes no les aplican”, sostiene.
Nueva Ley: La propuesta de Amín.
El proyecto de Ley 91 de 2016, busca brindar de facultades jurídicas a las autoridades colombianas, como la Superintendencia de Industria y Comercio, para que investigue y eventualmente sancione a las empresas extranjeras que operan en Colombia cuando estas usen indebidamente los datos de los ciudadanos.
Así lo defiende el senador Jaime Amín, autor del proyecto, quien argumenta su importancia recordando que “debemos ajustar nuestra regulación al contexto actual”, refiriéndose a que el 50% de la población mundial tiene hoy acceso a internet. “Con el proyecto no quedará ninguna duda de que esas empresas “internacionales) deben respetar la ley colombiana y que la autoridad colombiana puede investigarlas y sancionarlas”.
Estas sanciones podrían implicar la suspensión temporal de los sitios web, el desmonte del contenido que afecte la privacidad del usuario o las multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales vigentes. Recuerda Amín que la protección de los derechos de las personas en internet fue ordenada por la Corte Constitucional en su sentencia C1147 de 2011.
