El Estado tiene el deber de garantizar la reparación integral de las víctimas, así como de protegerlas con recelo ante amenazas nacientes.
Cuando de reparar víctimas se trata el Estado debe ser en extremo cuidadoso, y es que en Colombia las alertas por fraude y oportunismo tendrían que mantenerse siempre encendidas, pues se trata de un país en que la corrupción creativa cobra anualmente 9,6 billones en hallazgos fiscales.
Los hechos fraudulentos y de oportunismo en torno a indemnizaciones para víctimas de distintos tipos no son difíciles de encontrar en el territorio nacional. Hay quienes se ofrecen como “intermediarios” a cambio de hasta el 50% del dinero de cada indemnización, otros se hacen pasar por víctimas sin serlo o, incluso, convencen a alguien más para que lo haga.
Uno de los casos de fraude más sonados en torno a las indemnizaciones en cuestión fue el de las trece personas que se hicieron pasar por víctimas de la masacre de Mapiripán, recibiendo del Estado más de 3.000 millones de pesos. Pero detrás de las falsas víctimas estaba el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), que, a raíz de las investigaciones de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, tuvo que devolver parte del dinero.
En una discusión mucho más actual se enmarca el caso de Cerro Matoso y las comunidades del Alto San Jorge en Córdoba, en el cual se encuentran en juego entre 300 y 400 millones de dólares, una carnada bastante más jugosa que la de las falsas víctimas de Mapiripán.
Pues bien, después de varios meses de incertidumbre, un fallo a favor de las comunidades y una solitud de nulidad de parte de la empresa minera, parece que el pleito legal se acerca a su desenlace final.
Parece, porque, según se expuso en la W Radio, el pasado 30 de agosto la Sala Plena de la Corte Constitucional votó acerca del recurso de nulidad presentado por Cerro Matoso pero no logró llegar a un consenso.
El fallo con el que está en desacuerdo la empresa ordena reparar económicamente a 3.400 personas presuntamente afectadas por la explotación de níquel, quienes expusieron estar sufriendo graves enfermedades cutáneas, pulmonares y oculares.
La cadena radial resaltó que, la votación se dilató por una recusación presentada por la magistrada Gloria Ortiz, a quien después de dos semanas la Corte le permitió apartarse de la discusión por tener una relación cercana con un abogado que adelanta un proceso con Cerro Matoso.
La W continuó relatando que, ya sin la magistrada Ortiz en el radar, la votación terminó 4 a 4. Los magistrados Luis Guillermo Guerrero y Carlos Bernal votaron en favor de nulidad parcial, al argumentar que el objeto de la tutela no es la indemnización de perjuicios sino la protección de los derechos fundamentales.
Sin embargo, la discusión fue más allá. Los magistrados cuestionaron que el fallo no presenta cifras exactas y de repente se calculó que Cerro Matoso deberá pagar 300 millones de dólares. En los pasillos de la Corte, se habla de que el abogado de las comunidades supuestamente estaría cobrando una comisión de éxito del 50%, algo realmente preocupante pues el dinero no llegaría a las manos de los afectados.
En lo que respecta a las comunidades del Alto San Jorge, el abogado defensor ha manifestado que su motivación es más bien altruista y que de la indemnización a él solamente le tocará lo justo. No obstante, no se puede hacer caso omiso al riesgo y a los rumores que circulan en la Corte y en la región cordobesa.
Es preciso que los magistrados indaguen con el mayor cuidado las condiciones de lo pactado entre la defensa y las comunidades. No se trata de condenar si no de vigilar, de mantener la lupa puesta en los más poderosos y aventajados, de tratar con pinzas el tema de las víctimas y de ofrecer garantías para que las reparaciones lleguen a quien corresponda y no se queden en manos de aquellos que ya las tienes llenas.
Fuentes W Radio.
