La Contraloría General de la República encendió nuevamente las alertas sobre la ejecución de los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), tras las auditorías de cumplimiento realizadas en 2026 a 32 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) sobre recursos ejecutados durante la vigencia 2025.
De acuerdo con el balance entregado por el organismo de control, las 32 actuaciones permitieron establecer 84 hallazgos administrativos, de los cuales 71 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno presunta incidencia penal y cinco fueron trasladados para indagación preliminar.
Además, 41 hallazgos tienen presunta incidencia fiscal por un valor de $39.139 millones, relacionados principalmente con problemas en la ejecución contractual, sobrecostos y mayores valores pagados.
Según la Contraloría, el 60 % de los resultados fiscales está asociado a deficiencias en la ejecución contractual, relacionadas con debilidades en la planeación, manejo de información, supervisión y control.
Otro 30 % corresponde a sobrecostos, especialmente en pagos relacionados con manipuladoras de alimentos y raciones alimentarias, mientras que el 10 % restante está relacionado con mayores valores pagados.
Las cifras se suman a otras alertas formuladas durante 2026 por el organismo de control sobre el PAE. En abril, por ejemplo, la Contraloría informó sobre hallazgos fiscales superiores a $18.600 millones en auditorías recientes y señaló problemas relacionados con condiciones laborales de las manipuladoras de alimentos.
La Contraloría cuestionó que persistan este tipo de situaciones en un programa que tiene como objetivo garantizar alimentación a estudiantes de instituciones educativas oficiales. El organismo señaló que las irregularidades comprometen recursos públicos que deberían estar destinados a la atención de niños, niñas y adolescentes.
