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Tierralta: Campesinos alertan riesgo ambiental tras fumigación en predio en conflicto

La confrontación por el control del predio rural conocido como Finca Leticia en el municipio de Tierralta ha escalado a niveles que ponen en riesgo no solo la convivencia en la zona, sino la salud y el ambiente.

El predio, bajo tenencia autorizada de Cristóbal Triana Correa —representante de varias familias campesinas—, se convirtió en escenario de denuncias que involucran presuntas intimidaciones por parte de la Asociación para la Paz y el Desarrollo Social, favorecida por una resolución emitida por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

De acuerdo con los labriegos, un grupo de personas que aseguró pertenecer a dicha Asociación ingresó recientemente al terreno e intentó fumigar una parte del cultivo con Paraquat o sustancias similares. Este agroquímico, clasificado por la Organización Mundial de la Salud como moderadamente peligroso, está sometido a fuertes restricciones en el país debido a su capacidad para provocar daños severos en la piel, los ojos y el sistema respiratorio.

El incidente generó alarma inmediata entre los habitantes, quienes interpretaron la acción como un acto de presión y un patrón de hostigamiento que se suma a episodios previos de confrontación física, incluidos los ocurridos el pasado 3 de diciembre, cuando al menos diez personas habrían intentado amedrentar a los trabajadores del predio.

Según los denunciantes, el impacto ya es visible porque parte de la capa vegetal resultó afectada por el químico, en abierta contravención de las obligaciones ambientales que rigen para cualquier administrador de un bien estatal asignado por la SAE.

Ante este escenario, y respaldados por la Personería Municipal, las familias campesinas anunciaron la presentación de una Solicitud de Revocatoria Directa de la resolución que favorece a la Asociación. La petición será radicada el próximo martes ante la SAE y se sustenta en presuntas vías de hecho, actos violentos e incumplimiento de la cláusula que exige preservar la integridad del predio y garantizar la paz durante su tenencia.

Los campesinos piden a la SAE actuar con prontitud para suspender los efectos de dicha resolución y restablecer el orden legal, evitando que la crisis continúe perjudicando a las familias que dependen del predio y al ecosistema que ya muestra señales de afectación.

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