Tras perder las elecciones, Gobierno Petro suscribió 14.414 contratos por $4,55 billones
La Contraloría General de la República dio a conocer su más reciente informe de seguimiento a los compromisos presupuestales, financieros y de contratación del Gobierno Nacional Central, correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026. El análisis revela un escenario que, según el ente de control, amerita la activación de la Función de Advertencia debido a los riesgos identificados en materia fiscal y contractual.
De acuerdo con el informe, el Gobierno enfrenta un contexto marcado por presiones sobre la disponibilidad de recursos, limitaciones en las fuentes de financiación y un acelerado ritmo en la celebración de contratos públicos, factores que requieren una vigilancia permanente para garantizar la correcta administración del presupuesto.
El organismo también destacó que durante el periodo evaluado se registró una intensa actividad contractual, concentrada principalmente en contratos de obra pública y de prestación de servicios. En ese sentido, insistió en la necesidad de verificar que las obligaciones adquiridas respondan a una adecuada planeación financiera y presupuestal, así como a la capacidad real de las entidades para ejecutar y supervisar los proyectos durante los cinco meses restantes de la actual vigencia fiscal.
Uno de los principales hallazgos señala que, tras el levantamiento de la restricción establecida por la Ley de Garantías, fueron suscritos 14.414 contratos por un valor cercano a los $4,55 billones. Esta cifra representa un incremento del 22,5 % frente al comportamiento registrado en el mismo periodo de hace cuatro años.
La Contraloría advirtió además sobre el elevado número de contratos adjudicados de manera directa, modalidad que supera los 11.000 procesos en apenas cuatro semanas. Para el organismo de control, esta tendencia incrementa la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento y transparencia en la contratación pública.
Finalmente, el informe identifica riesgos específicos en entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior, donde se recomienda mantener una vigilancia especial sobre los compromisos contractuales y presupuestales para prevenir posibles afectaciones al patrimonio público.
