Cuando apenas faltan tres días para la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, en Cali, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda que cuestiona el traslado de la sede del Congreso a la capital del Valle del Cauca y ordenó a varias autoridades entregar información urgente antes de decidir si decreta una medida cautelar.
Se trata de una acción popular presentada por el ciudadano David Fernando Cano, quien considera que el cambio de sede podría vulnerar derechos e intereses colectivos relacionados con la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la transparencia, la legalidad del gasto y la seguridad pública.
“Las autoridades accionadas amenazan dichos derechos colectivos al ejecutar o permitir la ejecución del traslado de sede del Congreso para la posesión presidencial en Cali sin que exista información pública, completa, verificable y certificada sobre el acuerdo formal entre cámaras, costos, seguridad, logística, gestión del riesgo y soporte presupuestal”, sostiene el demandante.
Aunque el Tribunal aún no suspende el acto, sí requirió al Congreso y a las demás entidades involucradas para que remitan documentos y explicaciones antes de resolver la solicitud de medida cautelar de urgencia.
En la demanda, piden que se ordene la publicación de los acuerdos mediante los cuales se decidió el traslado de la sede del Congreso, que se certifiquen los costos del evento y que se abstengan de ejecutar recursos públicos adicionales mientras no se demuestre la necesidad, proporcionalidad y legalidad del gasto.
