El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Montería condenó a Daniel Rendón Herrera, alias ‘don Mario’ o ‘el Viejo’, a 21 años de prisión.
Lo señalan como determinador de los delitos de doble homicidio agravado, desplazamiento forzado, tentativa de extorsión agravada y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.
La decisión se adoptó luego que el fallador avalara el preacuerdo celebrado entre la defensa del excabecilla paramilitar y un Fiscal Especializado de la Dirección Nacional Contra el Crimen Organizado, por hechos cometidos entre los años 2008 y 2009 en el municipio de Montelíbano.
De acuerdo con la investigación, el 4 de noviembre de 2008, hombres armados que se identificaron como integrantes de las Águilas Negras desplazaron al labriego Nilson Antonio Ramos Montes y a su núcleo familiar, luego de acusarlos de colaborar con el ejército en la erradicación de cultivos ilícitios en el corregimiento Tierradentro de la citada población, del alto San Jorge.
Los desplazados debieron abandonar la zona y sus cultivos de arroz, yuca, plátano y maíz.
Dos días después, su hermano José Manuel Ramos Montes recibió una llamada telefónica de la misma estructura criminal donde le exigían la suma de 200 millones de pesos y una camioneta de alta gama para no atentar contra su vida y la de su familia.
Ante las continuas amenazas, la víctima abandonó la zona rural y se radicó en el casco urbano del municipio donde el 17 de febrero de 2009, fue asesinado por sicarios junto con su amigo Jader Iván Tamayo Álvarez.
Después del homicidio de Jáder Iván Tamayo, su hermano Nilson Antonio y su familia continuaron recibiendo amenazas de muerte y se vieron obligados a desplazarse a Bogotá, donde fue objeto de un hostigamiento armado.
Los investigadores establecieron que en total fueron desplazadas 26 personas, 11 de ellas menores de edad, que pertenecen a 7 núcleos familiares.
Su proceso
Rendón Herrera, de 51 años de edad y desmovilizado del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas fue sentenciado a 508 meses de prisión pero se le reconoció una rebaja de la mitad de la pena impuesta por la terminación anticipada del proceso.
En la actualidad paga dos condenas más, una de 33 años y otra de 20 años de prisión, por más de 45 conductas delictivas cometidas en la región de Urabá el departamento del Meta, donde fueron asesinadas 23 personas, tres de ellas adscritas al Gaula de la Policía Nacional.
