En medio de la reciente sesión del Plan de Mando Unificado por la Vida (PMUV), instalada en Montería, las víctimas del conflicto armado alzaron su voz e hicieron un llamado para que los esquemas de seguridad sean reforzados. En ese sentido, resaltaron el deterioro que hoy estarían presentando los vehículos entregados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), donde se transportarían más de 150 personas que contarían con la protección del mencionado organismo.
“La sociedad civil había solicitado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) ajustar algunos procedimientos referentes al arreglo de los vehículos en los que se desplazan en sus zonas y el suministro de combustible”, sostuvo el secretario del Interior y Participación Ciudadana, Jairo Baquero, quien presidió la sesión.
“De igual forma, las víctimas solicitaron más esquemas de seguridad para nuevas personas amenazadas y para quienes aún no se los han asignado”, agregó el funcionario.
El llamado lo hicieron, luego de que se conociera la muerte violenta del periodista Rafael Moreno, registrada la noche del 16 de octubre del año 2022, en el municipio de Montelíbano, sur de Córdoba.
“Se priorizó como municipios piloto a Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta, Montelíbano y Valencia, donde se establecieron algunos compromisos de prevención para evitar acciones contra los líderes y lideresas amenazados”, sostuvieron las autoridades departamentales.
De acuerdo con la información oficial entregada por las autoridades a La W, Córdoba tendría un registro cercano a los mil amenazados (entre líderes sociales y demás población que ha denunciado algún tipo de intimidación). De estos, solo 58 líderes sociales contarían con esquema de protección de la UNP.
