El juicio por el homicidio del ex director de Regalías de Córdoba, Jairo Zapa, se aplazó por otros 45 días, según decisión de la juez que ayer instaló la diligencia en el Palacio de Justicia de Montería, pero que debió ser suspendida por solicitud de una de las partes.
Se conoció que Zuan Naidú López Acevedo, la mujer detenida entre las seis personas aseguradas, revocó el poder a su abogado Juan Landínez y en su reemplazo fue asignado el defensor de oficio Jeison Pérez Bohórquez.
Pérez dijo en la audiencia que apenas fue notificado el 24 de agosto, por lo tanto no conoce los pormenores del proceso y pidió un lapso de cinco meses para poder documentarse.
Sin embargo, el abogado Juan Felipe Amaya, quien representa a la firma del jurista Jaime Granados, reclamó que era un plazo exagerado y la juez resolvió otorgar solo los 45 días que señala la ley.
La audiencia fue instalada a las 10 a. m., en la sala uno del segundo piso del Palacio de Justicia y fue suspendida una hora más tarde.
El 27 de marzo del año pasado, Zuan López Acevedo fue la persona que junto a su compañero sentimental Joice Hernández Muñoz, se quedó con Zapa en la casa de la calle 59 #12-108, barrio La Castellana de Montería, donde aparentemente el ingeniero y funcionario de la Gobernación de Córdoba fue estrangulado por Hernández, un desmovilizado de las Auc. El cinco de agosto de 2014 los restos de Jairo Zapa fueron hallados en un predio rural de Pueblo Nuevo.
Además de López Acevedo y Hernández, el confeso asesino, por el homicidio del funcionario están privados de la libertad el excontratista de la Gobernación Jesús Henao, Maximiliano García, quien era funcionario de Regalías; Carlos Pérez, primo lejano de Zapa; y Jesús Torres.
Exige condena
Entre tanto Fausto Zapa Velásquez, padre del ex director de Regalías, pidió a la justicia que escudriñe hasta el fondo por el homicidio de su hijo “para encontrar las verdaderas razones por las cuales le arrebataron la vida a nuestro ser querido”.
El pronunciamiento lo hizo por escrito, desde una ciudad distinta a Montería, donde permanece desde que el 29 de septiembre del año pasado junto a su esposa y demás hijos abandonaron la casa familiar.
Insistió en que la tarea de la justicia debe ser, además, hacer que paguen todos los involucrados, tanto los autores materiales como los intelectuales. “Hijos, esposa, padres, hermanos, tíos, primos, amigos y comunidad en general exigimos pronta justicia”.
