En concepto a la Corte Constitucional propone inexequibilidad del decreto diferida a un año, para garantizar avance en este punto fundamental para el acuerdo de paz.
La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad diferida a un año del Decreto 902 de 2017 que implementa la Reforma Rural Integral. Esto para que en este plazo el Gobierno trámite ante el Congreso la aprobación de los textos que desarrollen integralmente esa parte del acuerdo de paz.
Para el Ministerio Público, el decreto no cumple con el requisito de estricta necesidad, porque no era imperativo que su aprobación se hiciera mediante el uso de facultades extraordinarias o vía “fast track” por parte de Ejecutivo.
A juicio de la Procuraduría, el Gobierno podía acudir al procedimiento legislativo especial para la paz.
Adicionalmente, se cuestiona que el decreto no incluye la firma del ministro de Justicia, teniendo en cuenta que hace referencia a nuevas acciones y procedimientos judiciales en materia de tierras. Así mismo, por tratarse de una normativa con características de código su adopción no está autorizada al gobierno vía decreto.
En lo relacionado con la consulta previa, el ente de control confirmó que aunque el Gobierno incurrió en algunos errores en relación con las comunidades afrodescendientes, ha de reconocerse el esfuerzo que hizo, por lo que a juicio del Ministerio Público esto no genera vicio de inconstitucionalidad.
Sobre el tema de beneficios, la Procuraduría pidió que los reconocidos a los indígenas también deban extenderse, mientras dure la vigencia del Decreto 902, a las comunidades negras, raizales y palenqueras.
El concepto reafirma el respaldo del Ministerio Público al desarrollo del acuerdo de paz, y reitera la necesidad de ajustar la actuación que se requiera para ese fin a los preceptos de la Constitución Política y en particular al Acto Legislativo No. 1 de 2016.
