“Los carteles mexicanos ya empezaron a adquirir plantaciones de coca en Colombia. Hemos capturado a agrónomos e ingenieros de ese país que están mejorando en laboratorios la productividad de la planta y cada vez es mayor el número de ciudadanos de esa nacionalidad que participan en actos delictivos: va más de un centenar”.
Ese día se analizó un informe de inteligencia de la Policía Antinarcóticos, según el cual miembros de los carteles mexicanos ya hacen presencia en al menos 9 departamentos del país: Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander, Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Meta, Guaviare y Vichada. Y la semana pasada, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, le sumó Córdoba al listado.
Los mexicanos ya no están enviando solamente emisarios a negociar los cargamentos, como lo han hecho desde los 90. Ahora intentan tomar el control del negocio por los incumplimientos de las cuotas de coca colombiana, debido a la desmovilización de las Farc y la guerra entre cabecillas del clan del Golfo, que ha desencadenado incautaciones en récord históricos, como las 12 toneladas halladas en Apartadó (Antioquia).
Además, para aprovechar la nueva bonanza cocalera en Colombia –con más de 150.000 hectáreas sembradas–, los carteles de ‘los Zeta’, Sinaloa y Jalisco-Nueva Generación mandaron gente a las zonas de mayor concentración de narcocultivos: Tumaco, el nudo de Paramillo, el Catatumbo, el bajo Cauca antioqueño y a la Orinoquia.
Grupos de hasta 10 ciudadanos de ese país están enquistados en Antioquia, especialmente en Urabá, coordinando los envíos de droga. Ahora, son ellos los que se disputan el negocio con las bandas criminales, el Eln y la disidencia de las Farc.
“Hay 102 investigaciones que vinculan a 103 ciudadanos mexicanos (…) Uno de los casos, que evidencia la magnitud de la problemática, tuvo lugar el 2 de diciembre de 2016 en Sibaté (Cundinamarca), donde se efectuó la captura de cinco mexicanos y la incautación de 2 toneladas de coca camuflada en boyas de atraque para buques cargueros”, le escribió el fiscal Martínez al alto Gobierno a principios de 2017.
