El país tendrá un 2023 de cambios laborales, y no solo porque el presidente Gustavo Petro quiere impulsar una reforma en ese ámbito. La razón es que, a partir de julio, entra en marcha la reducción de la jornada semanal, un proceso que debe bajar el compendio de horas de 48 a 42 para 2026.
Si se mira el mapa de la región, los colombianos son de los que más trabajan en Latinoamérica, junto a México que tiene la misma carga horaria. Por eso, el Congreso anterior (2018 – 2022) aprobó una ley para recortar ese calendario que apenas empezará a aplicarse el próximo año.
Esa norma, la 2101 de 2021, plantea reducir ese lapso a cuenta gotas. Primero, hasta las 47 horas en 2023; bajarlo a 46 en 2024, aplicar otro ajuste hasta 44 en 2025 y un último recorte a 42 en 2026.
Si bien se trabajará menos, las empresas deben garantizarle a sus colaboradores que seguirán devengando el mismo salario, porque el artículo cuarto de esa norma deja en firme los derechos ya adquiridos de los trabajadores.
“El empleador debe respetar todas las normas y principios que protegen al trabajador. La disminución de la jornada de trabajo no implicará la reducción de la remuneración salarial ni en las prestaciones, ni el valor de la hora ordinaria de trabajo, ni exonera de obligaciones en favor de los trabajadores”, dice la normativa.
Justo por ítems como ese, la regulación no se aplicó en 2022, pues el legislativo trazó un periodo de un año para que las corporaciones se preparen para el cambio en las jornadas.
Esas horas de trabajo deben distribuirse en común acuerdo entre los empleadores y los trabajadores. La ley deja en sus manos la posibilidad de que ese ajuste signifique trabajar seis o cinco días en la semana, con el compromiso de que se dejará al menos uno para descansar.
Por ejemplo: marcar tarjeta de lunes a viernes, cada día 8,4 horas laborales, para descansar sábado y domingo; o distribuir ese tiempo de lunes a sábado, según las posibilidades de cada compañía.
