A pesar de los significativos avances en la restitución de tierras en Córdoba durante los últimos 13 años, con 394 sentencias favorables para las víctimas, la presencia de grupos armados ilegales sigue siendo un obstáculo crucial.
Según Ana Cristina Muñoz, directora territorial de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, aún existen zonas donde el acceso está «inhabilitado por la fuerza pública», debido a riesgos de seguridad que dificultan la recolección de pruebas y estudios catastrales necesarios para avanzar con los casos.
Esta situación ha obligado a la Unidad de Restitución de Tierras a ralentizar los trámites en regiones donde el control de grupos armados ilegales representa un riesgo para el personal encargado. Aunque se han emitido 394 sentencias de restitución en Córdoba, con un 95% a favor de las víctimas, la falta de seguridad impide resolver casos emblemáticos y complejos que requieren un esfuerzo adicional.
Muñoz destacó la labor de un equipo especializado para abordar estos desafíos, pero subrayó que la inseguridad en ciertas regiones sigue siendo un obstáculo significativo en la búsqueda de justicia y reparación integral para las víctimas del conflicto armado en Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño.
