El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, investigado por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal, está por llegar a su fin. Aunque existían alertas de que la investigación podría prescribir en octubre de este año, el proceso avanzó con rapidez, en gran parte gracias a la celeridad impuesta por la jueza 44 penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Ortiz.
Desde su posición, ella impidió aplazamientos injustificados e hizo intervenciones constantes para que los testigos no se desviaran de lo esencial de sus declaraciones.
En total, pasaron por el estrado judicial 38 testigos de la Fiscalía y 57 de la defensa.
El abogado Jaime Granados había solicitado inicialmente la comparecencia de 77 personas, pero desistió de varias, debido a dificultades para localizarlas o porque no aceptaron presentarse ante el juzgado.
Uno de los testimonios clave corresponde a Juan Guillermo Monsalve, considerado testigo estrella del caso, quien sí fue llamado por la Fiscalía. En contraste, otro testigo esperado, el abogado Diego Cadena, guardó silencio ante los estrados.
Según la investigación, Uribe le habría dado instrucciones a Cadena para buscar retractaciones que lo favorecieran.
El proceso judicial contra el expresidente se remonta a 2012, cuando él mismo denunció al entonces senador Iván Cepeda, a quien acusó de ofrecer dinero a exjefes paramilitares para que declararan en su contra, señalándolo como presunto fundador del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de haber participado en crímenes como la masacre de El Aro.
Sin embargo, el 16 de febrero de 2018 la Corte Suprema de Justicia determinó que no existían motivos suficientes para culpar a Cepeda y, por el contrario, abrió una investigación contra Uribe al encontrar indicios de que habría intentado manipular testimonios a su favor mediante terceros.
