La Fiscalía General de la Nación detectó, mediante un rastreo financiero, económico y patrimonial, una serie de bienes rurales y urbanos que habrían sido adquiridos con dinero proveniente del envío de clorhidrato de cocaína a mercados internacionales. Estas propiedades estaban registradas a nombre de terceros, diferentes a los verdaderos dueños, con el propósito de ocultar su origen ilícito.
Los elementos materiales probatorios recopilados dan cuenta de 28 inmuebles rurales y urbanos, y una sociedad comercial que superan en valor los 19.500 millones de pesos. El dueño real sería Francisco Javier Piedrahita Sánchez, señalado colaborador del extinto narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, a finales de los años ochenta, y presunto financiador de grupos paramilitares en la década de los noventa.
Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso sobre las propiedades medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro, toma de posesión material y suspensión de registros públicos, con el fin de protegerlos y evitar su circulación en el mercado mientras avanza el proceso.
Los activos fueron ocupados en diligencias realizadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en San Onofre, Tolú y Sincelejo (Sucre), y Montería (Córdoba).
En las verificaciones se conoció que, en 1991, Piedrahita Sánchez constituyó una sociedad para dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos y a algunos de los bienes obtenidos con estos recursos, otros fueron puestos a nombre de familiares y personas cercanas que no acreditaban la capacidad económica para adquirirlos y tenerlos.
