El Ministerio de Justicia y del Derecho, en alianza con la Gobernación de Córdoba, oficializó la firma del Convenio Interadministrativo No. 646 de 2025, una iniciativa que busca fortalecer los Sistemas Locales de Justicia (SLJ) y garantizar que más ciudadanos tengan acceso a mecanismos ágiles y efectivos para resolver sus conflictos.
El anuncio se realizó durante la primera sesión del Comité Departamental de Justicia, un espacio que articula a autoridades locales, operadores de justicia formal y comunitaria, y representantes de la sociedad civil.
El convenio, que alcanza los 287 millones de pesos, cuenta con aportes de 200 millones del Ministerio y 87 millones de la Gobernación. En su primera fase beneficiará a 10 municipios: Cotorra, Montelíbano, Montería, Puerto Libertador, San Carlos, San José de Uré, San Pelayo, Tierralta, Valencia y Ciénaga de Oro.
Entre las acciones priorizadas se destacan el impulso de comités locales de justicia, el fortalecimiento de conciliadores en equidad, la formación de funcionarios habilitados para conciliar, y talleres en técnicas de resolución de conflictos dirigidos a juntas de acción comunal, mediadores escolares y jóvenes en el sistema de responsabilidad penal adolescente. También se desarrollarán jornadas móviles de acceso a la justicia y se apoyará la realización de la Conciliatón Nacional.
Martha Eugenia Ramos, directora de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio, destacó que este esfuerzo representa “una oportunidad para llevar la institucionalidad a zonas tradicionalmente desatendidas y brindar herramientas efectivas para la resolución pacífica de diferencias”.
Por su parte, el secretario del Interior de Córdoba, Gabriel Eduardo Méndez, aseguró que el objetivo es hacer más eficientes y eficaces los mecanismos alternativos de justicia en todo el departamento, de manera que la población pueda acceder de forma oportuna a sus derechos.
La iniciativa se enmarca en la política de Paz Total impulsada por el Gobierno Nacional y prioriza a las comunidades más vulnerables, fomentando el liderazgo comunitario y el trabajo interinstitucional.
Este convenio es el primero que entra en ejecución en 2025 con apoyo del Ministerio de Justicia. Para el segundo semestre se prevé replicar este modelo en al menos 12 departamentos, como parte de una estrategia integral de acceso a la justicia con enfoque territorial.
