Crece la tensión en el Concejo de Montelíbano: denuncian acoso y presión desde la Alcaldía
El rifirrafe entre concejales y el alcalde de Montelíbano ha tenido un nuevo capítulo. En las últimas horas, el abogado Álvaro Pérez Romero, en representación judicial de los concejales Carmen Gueto, Misael Villarreal y Leonardo Patiño, emitió un comunicado en el que rechaza lo que considera un patrón sistemático de acoso institucional y presión política ejercido por el alcalde de Montelíbano, Gabriel Calle Demoya, contra los miembros del Concejo Municipal.
El comunicado surge luego que Calle Demoya, radicara una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra los concejales Carmen Gueto, Misael Villarreal y Leonardo Patiño, por una presunta falta disciplinaria grave cometida a título de dolo.
Según Pérez Romero, cada vez que los concejales cumplen su deber constitucional de analizar, debatir o negar proyectos de acuerdo presentados por el alcalde, son objeto de amenazas y denuncias ante organismos de control, en un intento de frenar la independencia del cabildo local.
“El alcalde ha acudido nuevamente a la Procuraduría General de la Nación para denunciar a mis representados, luego de que no aprobaran proyectos previamente objetados por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia para el municipio”, señaló Pérez Romero.
El abogado advirtió que el mandatario local pretende imponer su voluntad sobre el Concejo a través de un esquema de presión, persecución y miedo, lo que —según sus palabras— atenta contra los principios democráticos y la autonomía de los concejales.
Asimismo, recordó que los concejales no están subordinados al alcalde, y que su función no se limita a aprobar de manera automática las propuestas del Ejecutivo municipal, sino a ejercer un control político responsable, velando por la legalidad y conveniencia de cada iniciativa.
Finalmente, Pérez Romero exigió respeto y garantías para el ejercicio autónomo del Concejo Municipal, y alertó a las autoridades competentes sobre lo que calificó como “un uso sistemático y abusivo de las denuncias como mecanismo de retaliación política”.
