Gobierno defiende avances en formalización minera en medio del paro en el Bajo Cauca y Córdoba
En medio del paro minero que impacta al Bajo Cauca antioqueño y al sur de Córdoba, el Gobierno Nacional salió a defender su gestión y aseguró que ha cumplido con los acuerdos para la formalización de pequeños mineros, al tiempo que reiteró su disposición al diálogo con las comunidades.
El Gobierno Nacional aseguró que ha avanzado en los compromisos adquiridos con los pequeños mineros, en respuesta a las protestas que se mantienen en el Bajo Cauca y el sur de Córdoba. A través de un pronunciamiento conjunto, los ministerios del Interior, Defensa y Minas y Energía señalaron que se ha puesto en marcha una ruta de formalización “ágil y diferenciada”, respaldada por la Resolución 40141 de 2025. En Panorama del San Jorge le contamos los detalles de este balance oficial en medio de la coyuntura minera.
Según cifras entregadas por el Ejecutivo, entre 2023 y 2024 se identificaron 3.182 personas interesadas en formalizar su actividad minera en estas regiones. De ese total, 567 no pudieron continuar el proceso debido a que se encontraban en zonas con restricciones ambientales o limitaciones legales, por lo que fueron vinculadas a programas de reconversión productiva, es decir, alternativas económicas distintas a la minería.
El informe también destaca que 2.242 mineros han sido formalizados hasta la fecha mediante 32 instrumentos legales, lo que, según el Gobierno, refleja avances concretos en la legalización de esta actividad. Las autoridades indicaron que continuarán acompañando a quienes aún están en proceso, con el objetivo de que puedan ejercer la minería de manera legal y segura.
En cuanto a seguridad, el Ministerio de Defensa reportó que durante 2026 se han llevado a cabo siete operativos contra la minería ilegal, dejando como resultado la inutilización de 22 dragas y dragones utilizados para la extracción ilícita de minerales. Las autoridades advirtieron que esta práctica no solo afecta el medio ambiente, sino que también está vinculada con problemáticas como la violencia y el impacto en comunidades étnicas.
El Gobierno reconoció que la formalización minera sigue siendo un reto estructural en el país, especialmente para quienes dependen de esta actividad como sustento diario. En ese sentido, reiteró su disposición a mantener el diálogo con las comunidades y avanzar en procesos concertados, incluyendo la construcción de un distrito minero en la región, que ya cuenta con una metodología acordada con 95 autoridades étnicas.
