Hay un instante que se repite en cada acto oficial de nuestro departamento. Nos ponemos de pie para entonar el himno de Córdoba, contemplamos con respeto nuestro escudo y vemos ondear la bandera verde, blanca y azul. Es un acto solemne que despierta orgullo y sentido de pertenencia. Pero también debería despertar una pregunta inevitable: ¿estamos honrando realmente el significado de esos símbolos o los hemos reducido a un simple protocolo?
El himno de Córdoba no es un canto a la resignación; es una invitación a la libertad, la virtud, la responsabilidad y el progreso. Nuestro escudo evoca el honor del general José María Córdova y reconoce la grandeza del legado del pueblo Zenú, que mucho antes de la existencia de nuestras instituciones supo organizar su territorio, convivir en armonía con la naturaleza y construir comunidad. La bandera representa la esperanza, la paz y la riqueza de una tierra privilegiada. Ninguno de estos símbolos fue concebido para adornar oficinas públicas ni para cumplir un ritual cívico. Fueron creados para recordarnos los principios sobre los cuales debe edificarse nuestro departamento.
Sin embargo, la realidad nos obliga a confrontar nuestras propias contradicciones. Resulta incoherente hablar de progreso mientras la corrupción continúa debilitando la confianza ciudadana en las instituciones. Carece de sentido invocar la libertad cuando muchos ciudadanos sienten que, con demasiada frecuencia, el acceso a un trámite o a una oportunidad depende más de una recomendación que del mérito y del cumplimiento de la ley. Tampoco podemos enaltecer nuestros símbolos mientras toleramos el clientelismo, la indiferencia frente al ciudadano o el uso del poder para satisfacer intereses particulares. El deterioro institucional no comienza con los grandes escándalos; comienza el día en que dejamos de indignarnos por las pequeñas deshonestidades y terminamos aceptándolas como parte de la vida cotidiana.
Esta reflexión interpela, en primer lugar, a quienes ejercen el poder. Gobernar no consiste simplemente en administrar recursos ni en ejercer autoridad. Gobernar significa custodiar la confianza que los ciudadanos depositan en sus instituciones. Cada alcalde, concejal, diputado, congresista, gobernador y servidor público debería preguntarse, al iniciar su jornada, si sus decisiones honran los valores que representan el himno, la bandera y el escudo de Córdoba. El cargo público jamás puede entenderse como un privilegio personal. Es una responsabilidad frente a la historia, frente a la ley y frente a las generaciones que heredarán este departamento.
Pero sería un error creer que toda la responsabilidad recae sobre los gobernantes. Las instituciones son, en buena medida, el reflejo de la sociedad que las sostiene. Cada vez que justificamos un favor indebido, buscamos un atajo para eludir una norma, guardamos silencio frente a la corrupción o anteponemos el interés particular al bien común, debilitamos las mismas instituciones cuya fragilidad después lamentamos. La democracia no se preserva únicamente mediante elecciones periódicas. Se fortalece con ciudadanos que entienden que la libertad solo perdura cuando va acompañada del respeto por la ley, el sentido del deber y la responsabilidad cívica.
Ha llegado el momento de recuperar el verdadero significado de ser cordobés. Que el legado del pueblo Zenú nos inspire a fortalecer el sentido de comunidad; que el trabajo de nuestros campesinos nos recuerde la dignidad del esfuerzo; que el aporte de nuestras comunidades afrodescendientes enriquezca una identidad cada vez más incluyente; que el río Sinú continúe siendo símbolo de vida, encuentro y esperanza; y que nuestros símbolos dejen de representar únicamente lo que fuimos para convertirse en la brújula de lo que todavía podemos llegar a ser.
Desde esta columna defenderé una convicción que considero irrenunciable: Córdoba necesita instituciones más fuertes que los intereses políticos; una cultura ciudadana en la que la ley se respete por convicción y no por miedo; un servicio público que encuentre su mayor orgullo en servir; y gobernantes que comprendan que el poder solo adquiere legitimidad cuando se ejerce con honestidad, prudencia y una auténtica vocación de bien común.
El futuro de Córdoba no se decidirá únicamente en las urnas ni en los despachos oficiales. Se decidirá, sobre todo, en la conducta cotidiana de cada ciudadano, en la integridad de quienes ejercen el servicio público y en la capacidad de nuestras instituciones para recuperar la confianza de la sociedad. El día en que los valores de nuestro himno, nuestro escudo y nuestra bandera dejen de ser un discurso ceremonial y se conviertan en una práctica diaria, habremos empezado a construir el departamento que todos anhelamos. Ese, y no otro, es el verdadero compromiso de ser cordobés.
