Wadith Manzur alega falta de garantías y recusa a magistrado de la Corte en medio del escándalo de la UNGRD
El proceso judicial por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres sumó un nuevo capítulo este jueves 23 de abril, luego de que el senador electo Wadith Manzur radicara una recusación contra el magistrado Héctor Javier Alarcón, integrante de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
El dirigente político sostuvo que la participación del magistrado en el caso no ofrece garantías de imparcialidad, al señalar que este habría modificado su postura en distintas etapas del análisis de una ponencia relacionada con medidas de aseguramiento contra congresistas investigados por el mismo escándalo.
La solicitud, consignada en un documento de 14 páginas, pide apartar al togado de todas las actuaciones posteriores dentro del proceso. Esta decisión tuvo un efecto inmediato: la suspensión de la discusión que se adelantaba sobre el recurso de apelación presentado por varios congresistas vinculados al caso.
En su argumentación, Manzur cuestiona que una de las pruebas consideradas para justificar la medida en su contra —un documento hallado durante un allanamiento a la vivienda de Andrea Carolina Ramírez Oliveros— no lo menciona directamente. Según expone, dicho elemento incluye nombres de otros congresistas, pero no el suyo, lo que, a su juicio, debió interpretarse en su favor.
El senador electo también afirmó que la decisión judicial vulnera sus derechos procesales y representa un trato desigual. En ese sentido, insiste en que no existen elementos que lo vinculen a una supuesta red de corrupción, por lo que rechaza haber hecho parte de un entramado criminal.
Este mismo día, Manzur fue protagonista de otro hecho relevante: presentó su renuncia a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, instancia encargada de investigar a altos funcionarios del Estado, incluido el presidente de la República.
Cabe recordar que el congresista cordobés es investigado por presuntamente haber solicitado contratos de obra y mantenimiento vinculados a la UNGRD, con el fin de incidir en decisiones dentro de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, especialmente en proyectos de interés para el gobierno del presidente Gustavo Petro.
