El testigo del caso UNGRD pasó de acusador a investigado. Tambalea proceso contra Calle y Name
El escándalo por el presunto desfalco en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) enfrenta un nuevo giro tras la apertura de una investigación contra Pedro Castro, señalado como uno de los principales testigos dentro del proceso que adelantan la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia.
Castro había asegurado ante las autoridades que entregó cerca de 4.000 millones de pesos a Sneyder Pinilla, entonces subdirector de la UNGRD. Según esa versión, el dinero habría sido utilizado para presuntamente sobornar a los entonces presidentes del Congreso, Andrés Calle, de la Cámara de Representantes, e Iván Name, del Senado. En las declaraciones también fue mencionada la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz.
Sin embargo, una revelación periodística de Blu Radio indicó que la Fiscalía encontró posibles inconsistencias en el relato del prestamista, situación que podría modificar el rumbo de una investigación que se ha extendido por cerca de tres años y que involucra a varios altos funcionarios.
De acuerdo con la información conocida, fiscales distintos a los encargados del expediente principal iniciaron actuaciones para establecer si Pedro Castro incurrió en falso testimonio. La decisión se sustenta en la comparación entre las declaraciones entregadas por Castro y Sneyder Pinilla, las cuales presentarían contradicciones frente a la evidencia técnica recopilada durante la investigación.
Entre los elementos analizados se encuentran los registros de georreferenciación de los teléfonos celulares de ambos, cuyos datos de ubicación, fecha y hora no coincidirían con los lugares y momentos descritos en sus testimonios ante las autoridades. Incluso, algunos de esos registros serían incompatibles con los hechos narrados durante las diligencias judiciales.
Según informó Blu Radio, Pedro Castro ya fue citado a interrogatorio y podría ser imputado por el delito de falso testimonio si las inconsistencias son confirmadas por la Fiscalía.
