Gobierno Petro será el que decida a partir de ahora a quién se le compra o vende una finca
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 033 de 2025, que obliga a los propietarios de predios rurales en zonas priorizadas para la reforma agraria a notificar a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) antes de realizar cualquier transacción de compraventa.
La medida, que otorga a la ANT una opción de compra preferencial con un plazo de 15 días hábiles para manifestar su interés, ha despertado dudas sobre posibles afectaciones al derecho a la propiedad privada y a la libre disposición de la tierra.
“Los ciudadanos deberán informar a la Agencia Nacional de Tierras, previo a iniciar el proceso de escrituración sobre los negocios jurídicos que dispongan o prometan disponer del derecho real de dominio sobre los predios (…) para que dicha entidad pueda ejercer la opción privilegiada de compra”, señala la comunicación de la Superintendencia.
Dentro de las normativas para poder ejercer este derecho, la ANT tendrá que evaluar que los predios superen las dos Unidades Agrícolas Familiares (UAF) o que hayan sido adjudicadas hace más de 15 años. Además, el principal de los requisitos es que los predios se encuentren ubicados en municipios de priorización ya delimitada por parte del Ministerio de Agricultura que son objetos de la reforma agraria.
En la resolución también se da cuenta de los municipios priorizado y que, de acuerdo a este informe, se desglosan en hasta nueve departamentos y con un total de 82 zonas delimitadas. En Córdoba, por ejemplo, uno de los municipios que será regido por este decreto es Montería, capital de este departamento, hecho que deja en duda si la disputa también tocará a predios, que cumplan con los requisitos, en área limitante con el sector urbano.
Por parte del departamento de Sucre, más del 80% de su área ha sido delimitada por el MinAgricultura, lo que también deja en vilo el desarrollo de las actividades de infraestructura que adelanta la gobernación. En Santander, Barrancabermeja, zona petrolera, también ha sido priorizada a través de la resolución, hecho que también deja en incertidumbre un posible conflicto con esta actividad en la región.
