Campañas bajo la lupa: SIC refuerza controles por manejo de datos en época electoral
A pocos meses de los próximos procesos electorales, la Superintendencia de Industria y Comercio anunció nuevas reglas para el uso de datos personales en campañas políticas. El objetivo: frenar abusos y proteger la privacidad de los ciudadanos.
En la antesala de un nuevo calendario electoral, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) decidió apretar el cinturón frente al uso de datos personales en campañas políticas. A través de la Circular Externa 002 de 2026, la entidad dejó claro que partidos, movimientos y candidatos solo podrán recolectar y usar información personal si cuentan con autorización previa, expresa e informada de cada ciudadano, una medida que busca ponerle freno a prácticas invasivas cada vez más comunes.
La SIC fue enfática en señalar que el envío de mensajes políticos a celulares, correos electrónicos o redes sociales sin consentimiento está prohibido. También quedaron vetadas acciones como agregar personas a grupos de WhatsApp, listas de difusión o bases de datos de propaganda digital sin permiso, una situación que muchos ciudadanos han vivido como una molestia recurrente en anteriores campañas.
Uno de los puntos más sensibles de la circular tiene que ver con la protección de datos relacionados con la orientación política. La entidad advirtió que crear perfiles ideológicos o clasificar votantes sin autorización constituye una falta grave, ya que puede abrir la puerta a manipulaciones, discriminación o presión indebida sobre el electorado.
En el terreno digital, la SIC también puso atención especial al uso de herramientas como la inteligencia artificial y la segmentación de audiencias. Las campañas deberán explicar de dónde salen los datos, para qué se usan y bajo qué criterios se dirigen los mensajes políticos. Además, cualquier ciudadano tendrá derecho a preguntar cómo están utilizando su información personal y a exigir respuestas claras.
La normativa también limita la comunicación directa de los partidos únicamente a sus afiliados, militantes o seguidores, y prohíbe compartir bases de datos con terceros sin autorización expresa. Desde Panorama del San Jorge, este tema cobra especial relevancia en regiones como Córdoba, donde el uso responsable de la información es clave para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar unas elecciones transparentes.
