La Comisión de Seguimiento afirmó que es necesaria la realización de una actualización seria del plan de financiamiento, y la revisión detallada de todas las medidas de asistencia, atención y reparación integral que se deben llevar a las seis millones de víctimas del conflicto armado.
El pasado viernes, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras entregó el informe de lo que será el futuro de su implementación, que deja como principal conclusión que dicha norma se encuentra desfinanciada.
Esta comisión es presidida por la Procuraduría General de la Nación, y también hacen parte de ella la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y tres representantes de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas.
Según las proyecciones y cálculos de la Contraloría, solamente para pagar las indemnizaciones administrativas y el componente de vivienda (restitución) a quienes están inscritos en el Registro Único de Víctimas, el país deberá invertir aproximadamente 33,6 billones de pesos. Esto sin tener en cuenta las nuevas víctimas que el conflicto sigue generando.
Además, dice el organismo de control fiscal, en esta cifra tampoco se estiman los recursos que demandaría la implementación de las tres medidas adicionales previstas para la reparación integral: rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
Según el informe, los problemas económicos que tiene la ley radican en que el marco fiscal de mediano plazo prevé una cantidad de recursos inferior a la requerida por las víctimas y al número de personas a asistir y reparar integralmente, que al día de hoy alcanza cerca del 14% de la población total del país.
«Reiteramos que el país debe tener claridad sobre las necesidades económicas para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población víctima, y abrir así el debate sobre las fuentes de financiamiento de la ley, las alternativas y la manera de mejorar la ejecución de esos recursos», sentenció la comisión en su informe.
